El presidente López Obrador dice no ser vindicativo. “No es mi fuerte la venganza”, reiteró en Torreón el 26 de agosto en una gira de la cual se excluyó a Saltillo. Asimismo, ha asegurado que Felipe Calderón absolvió al exgobernador y exlíder del PRI, Humberto Moreira, de acusaciones de corrupción, como parte de un arreglo de impunidad con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en el punto de mira a los predecesores inmediatos de AMLO, así como a Salinas de Gortari, “el innombrable”.

Mientras se decide si se enjuicia a los expresidentes —las consultas son parte de la democracia participativa, argumenta AMLO—, la cuarta transformación puso entre rejas a empresarios vinculados con los gobiernos del PRI y el PAN, y a exfuncionarios de las últimas administraciones por blanqueo de dinero, delincuencia organizada, tráfico de influencias y otros delitos. Destacan los casos de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano; Juan Collado (litigante), Alonso Ancira (dueño de Altos Hornos de México) y Emilio Lozoya (exdirector de Pemex).

“Antes, la Procuraduría General de la República (…) dependía del Presidente (…); ahora hay un auténtico estado de derecho. El fiscal Alejandro Gertz Manero (…) tiene (…) el encargo de hacer justicia, en este caso y en otros (…) insisto, sin venganzas, sin fabricar delitos, con pruebas, con rectitud. Y eso me tiene también tranquilo, porque le tengo confianza al fiscal”. Así respondió el Presidente a Gaspar Vela, de La Octava, quien quiso saber si la Unidad de Inteligencia Financiera investigará al excanciller, Luis Videgaray, por las acusaciones de Lozoya sobre los sobornos de Odebrecht. No es venganza, es justicia.

Coahuila tampoco quiere venganza, sino justicia, en relación con el pasivo por más de 36 mil millones de pesos contratado subrepticiamente y con documentos apócrifos en la Administración de Humberto Moreira, encubierto por su hermano Rubén. ¿Es mucho pedir que se investigue el destino de la deuda, cuyo servicio le cuesta al Estado 11.2 millones de pesos diarios (4 mil 104 millones este año) y procesar a los responsables del quebranto? Existen denuncias y no todos los delitos han prescrito.

Si en verdad Peña y Calderón acordaron proteger a los Moreira, ¿no es motivo suficiente para que la FGR -sin fabricar delitos- atienda las denuncias presentadas por el empresario Armando Guadiana, y el entonces senador del PAN, Luis Fernando Salazar, contra los Moreira, en noviembre de 2012? El documento —citado por AMLO— donde se resuelve el “no ejercicio de la acción penal” contra Humberto Moreira por los delitos de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la Administración pública de Coahuila, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene fecha 22 de octubre de 2012.

Salazar regresó a la PGR el 26 de septiembre de 2016, esta vez para denunciar al entonces gobernador Rubén Moreira por el desvío de 160 millones de pesos a empresas fantasma. Se quedó corto, pues un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentado al Congreso en 2018, fijó en 475 millones de pesos el monto de los caudales distraídos. Las denuncias de la ASE por la deuda irregular y el dinero esfumado en firmas fachada duermen el sueño de los justos. El Presidente debe escuchar el clamor de un estado víctima de la “inmunda corrupción”. Los coahuilenses esperan que también a ellos se les devuelva lo robado.