La Comisión Nacional de Búsqueda anunció ayer una actualización de las cifras de desaparecidos en México. Sumaron, desde 1964, 73 mil personas, 11 mil más que la cifra divulgada en enero de este año. Dos mil 300 corresponden a este año, las demás, a años anteriores. Es un total estratosférico en sí mismo, pero que al desglosarse, resulta aún peor. Conviene subrayar que son números producidos por este Gobierno, es decir, por un equipo que no le guarda simpatía alguna a ninguno de sus predecesores, por lo menos de Miguel de la Madrid para acá.

En todos los años de la “guerra sucia” en las décadas de los 60 y 70 y en los sexenios de Salinas y Zedillo, se produjeron, según esta cuenta, un total de mil 500 desaparecidos. En el sexenio de Fox, menos de 500. En otras palabras, alrededor de 95% de las 73 mil desapariciones forzadas tuvo lugar en los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador. Son directamente producto de la guerra desatada por el primero, proseguida por el segundo, y mantenida por el tercero.

Los dos peores años fueron 2017 y 2019, con más de 7 mil desapariciones cada uno. Es posible que el 2020 termine debajo de estos totales descomunales, ya que hasta julio “solo” llevamos 2 mil 400 desaparecidos. Aunque conviene señalar que, con mucha honestidad, Karla Quintana, Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero advirtieron ayer que hay un rezago importante en la entrega de información de estados como Guanajuato, Baja California, Tabasco y Sonora. De modo que la disminución en el 2020 con relación al año anterior no necesariamente va a persistir.

Durante los 19 meses del sexenio de López Obrador han tenido lugar casi 10 mil desapariciones, es decir un poco más de 500 cada mes, o 17 diarias. De acuerdo con cifras del Harvard Review of Latin America (de 2013), se produjeron unas 40 mil desapariciones en Guatemala durante todo la Guerra Fría; entre mil y dos mil en Chile durante la dictadura de Pinochet; tal vez 30 mil en Argentina entre 1976 y 1982; 60 mil en Colombia a lo largo de 30 años; 6 mil en El Salvador, y 15 mil en Perú. Todos estos países poseen una población mucho menor que la de México, pero los periodos en cuestión fueron mucho más largos.

La labor de la Comisión es loable, pero como declaró José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, sería deseable que el Gobierno se esforzara tanto en encontrar a los culpables de las desapariciones, como en construir la nueva base de datos. Por desgracia, como advertimos muchos desde principios de sexenio, los únicos desaparecidos en la agenda de este Gobierno son los 43 de Ayotzinapa.

Abundan las personalidades que han afirmado a lo largo de estos ya casi 14 años de guerra que este era el costo a pagar para evitar algo peor: una narcopresidencia; que perdiéramos el control del país; que nos volviéramos un país consumidor de drogas; que la seguridad nacional peligrara. Es difícil cuantificar estas nociones o las tesis que las evocan, ciertas o falsas. Me quedo con una pregunta: ¿Qué puede ser peor que 73 mil desaparecidos, casi todos durante los últimos 13 años y medio? ¿No era preferible en esta materia el statu quo ante, con o sin Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox? ¿Con narcos y sin desaparecidos (salvo en la guerra sucia), en lugar del presente, con los mismos narcos, y con 73 mil desaparecidos?