Si la muerte de George Floyd, el 25 de mayo en Minneapolis, no se hubiera grabado con teléfonos móviles ni propagado por las redes sociales, habría pasado como un asesinato más, producto de la brutalidad policial y del racismo exacerbado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, las imágenes del oficial Dereck Chauvin sobre el cuello de Floyd, de 46 años, detenido por pagar con un billete de 20 dólares supuestamente falso, le dieron la vuelta al mundo y provocaron oleadas de protestas, en algunos casos violentas, incluso frente a la Casa Blanca.

Responder con la Guardia Nacional empeoró las cosas, pues en lugar disuadir las manifestaciones las extendió a decenas de ciudades. En momentos críticos por la pandemia de coronavirus y cuando su reelección pende un hilo, el Presidente unificó a la élite de exlíderes militares, a jerarcas de la Iglesia y a expresidentes demócratas y republicanos en su contra. El general retirado John Allen, excomandante de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán, acusó: “No fue suficiente que los manifestantes hubieran sido privados de sus derechos de primera enmienda (relacionada con las libertades de culto, expresión y reunión pacífica); esta sesión de fotos (de Trump frente a la iglesia de Saint John’s con la Biblia en alto) buscó legitimar ese abuso con una capa de religión” (CNN, 04.06.20).

En Saltillo no hubo celulares que captaran el asesinato alevoso del migrante hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán, el 31 de julio de 2019, por agentes del Grupo de Operaciones Especiales. Existió, sí, una trama para falsear la verdad y acusar a Perdomo de disparar a la policía en un supuesto operativo contra narcomenudistas. Los agentes llegaron a cazar a un grupo recién salido de la Casa del Migrante de Saltillo, entre los cuales había niños como la hija de Marco Tulio, quien presenció el asesinato de su padre.

De no haber reaccionado a tiempo la Casa del Migrante y sus redes de apoyo, la versión oficial, desmentida después por las propias autoridades, habría prevalecido. El director Xicoténcatl Carrasco exigió poner “un alto a la crueldad institucional”, protección máxima para de los sobrevivientes y castigo para los responsables. También pidió reparar el daño, “todas las garantías de no repetición y seguridad para los defensores de derechos humanos”. La presión de medios nacionales y extranjeros también ayudó para que al asunto no se le diera carpetazo.

El 26 de mayo, en San Pedro, la Agencia de Investigación Criminal detuvo a Juan Antonio de la Rosa, de 35 años, quien, sin oponer resistencia, subió a una patrulla para su presentación en la Fiscalía General del Estado Delegación Laguna II. No fue hasta el día siguiente, al acudir a la dependencia en busca de información, cuando sus familiares recibieron la noticia de que Juan Antonio había sufrido un infarto mientras rendía declaración y fallecido más tarde en un hospital.

Sin embargo, en el reconocimiento del cuerpo, depositado en una funeraria, la viuda y la madre descubrieron “múltiples golpes en el rostro” de De la Rosa, quien, aseguran, no padecía cardiopatías. La víctima fue trasladada a la Fiscalía en una camioneta negra empleada como patrulla, según una nota de El Siglo de Torreón (27.05.20). El asunto está plagado de irregularidades. A diferencia de los casos de Floyd y Marco Tulio, ningún teléfono celular grabó la tortura a la que aparentemente José Antonio fue sometido. Todo abuso de autoridad debe ser investigado y castigado, no solo los de mayor exposición mediática. No hacerlo también es discriminatorio.