Queridas y queridos amigos, en los últimos días se ha desencadenado una serie de controversias del Gobierno mexicano de cara al futuro del sector eléctrico.

Partiendo de la base de la emergencia sanitaria y en nombre de la austeridad, se ha hecho uso de las instituciones en detrimento de los intereses de los mexicanos, a través de los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), afectando la inversión en las energías limpias en nuestro país.

Primero, favoreciendo a la CFE, señalando que las renovables desestabilizan el sistema nacional de energía eléctrica y en un segundo momento, a través del aumento de los cobros de transmisión a las empresas de energías limpias, estos atropellos dieron cause a una serie de amparos a los que tuvieron que recurrir en defensa de sus legítimos intereses.

Ahora no solo se trata de los acuerdos gestados en la ilegalidad, y de la primera suspensión definitiva que otorgó un Juez a favor del Derecho Colectivo, ya que los acuerdos en materia energética de la Secretaría de Energía podrían generar una barrera a la entrada de las centrales generadoras de energía limpia y el fortalecimiento anticompetitivo de la centrales convencionales.

En respuesta, la propia secretaria Rocío Nahle da a conocer mediante un comunicado que va a combatir tal resolución ya que “ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general de la nación, cuando este afecte el suministro confiable de electricidad”.

Las consecuencias no solo son económicas, como resultado de las políticas de retroceso de la 4T, nuestro país registrará un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, con lo que México no alcanzará las cuotas de reducción de dichos gases conforme al Acuerdo de París, ni se cumplirá con los compromisos internacionales de establecer 35% de energías limpias para 2030.

Estas no son simplemente palabras, el impacto adverso sobre el medio ambiente es lo que atenta contra el interés general de la nación, así como las metas establecidas por la Ley de Transición Energética y el trabajo conjunto a nivel internacional, así como en el ámbito nacional.

El ataque sistemático a nuestras instituciones, tiene otros frentes, que involucran a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de recortes presupuestales, que conducen a su desmantelamiento y por ende, al desmantelamiento de las políticas ambientales en nuestro país.

No son los derechos económicos los que atentan contra el interés general de la Nación, sino las ideas sueltas de unos cuantos, sin más argumentos que su obsesión por borrar el pasado de nuestro país y truncar su futuro.

El cuidado del medio ambiente no es un eslogan neoliberal, ni progresista, de derecha o de izquierda, es un derecho humano para el desarrollo y bienestar, consagrado en el Artículo 4º Constitucional como un bien jurídico fundamental.

Apostar por la producción de energía mediante combustibles fósiles, solo propone eso, una ocurrencia que no cuenta con un proyecto, ni las metas que se van a alcanzar, ni el costo-beneficio que conlleva, porque no lo hay.

La construcción de las políticas en materia de medio ambiente no pueden estar sujetas a planes sexenales, requieren seguimiento, medición y ante todo continuidad. Esto es lo que significa el piso jurídico con el que contamos, un marco legal conformado por diversos instrumentos,tratados, convenios, estatutos, leyes, reglamentos y por supuesto en nuestra Carta Magna, que fueron creados a lo largo de 18 legislaturas.

Es un ordenamiento que no se construyó de la noche a la mañana, que pasó por el proceso de discusión y análisis en ambas cámaras, no señores, eso no se puede borrar con la excentricidad de un comunicado que invoca que ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general de la nación.

México requiere respeto y seriedad, no un conjunto de improvisados que una vez instalados en el poder, suponen que bastan unos meses conjugados con la pandemia y arengas a favor de una austeridad que no construye ningún bienestar.

Les agradezco su lectura, nos leemos la próxima semana.