La transición a la democracia y el cambio de partido en la Presidencia no se explican sin una sociedad y una prensa críticas. Los medios de comunicación y los líderes de opinión independientes siempre serán vistos por los gobiernos como una amenaza, pues exhiben sus imposturas y corruptelas. Uno de los casos emblemáticos fue la investigación de Aristegui Noticias sobre la casa blanca de Enrique Peña Nieto y de su ahora exesposa Angélica Rivera, adquirida a un contratista gubernamental. El escándalo hizo añicos la imagen del Presidente y de su Gobierno, uno de los más venales de la historia. Los 60 mil millones de pesos gastados en medios adeptos fue dinero tirado a la basura.

Otro enemigo de la libertad de expresión es la delincuencia organizada, cuya frontera con el poder político muchas veces es inexistente. Pero el mayor de todos es la impunidad, pues sin castigo los delitos contra la prensa y la sociedad en general se reproducen. La ONG Artículo 19 ha documentado 131 casos de reporteros asesinados en México entre 2000 y 2019. Ninguna democracia presenta esas cifras. Nuestro sistema de justicia está diseñado para proteger al poder político y a sus socios en las esferas económica y delincuencial, no para garantizar el estado de derecho.

El caso de Sergio Aguayo es paradigmático. El analista político e investigador de El Colegio de México describe a uno de los gobernadores más nefastos del país, en cuyo periodo la deuda de Coahuila aumentó de 330 millones a más de 36 mil millones de pesos -de manera irregular y sin rendir cuentas a nadie sobre el destino del dinero- y se registraron crímenes de lesa humanidad en Allende y Piedras Negras e innumerables desapariciones forzadas. En respuesta, es denunciado por difamación y condenado a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por «daño moral». La justicia al servicio de uno de los secuaces de Peña Nieto.

La reacción ha sido proporcional al tamaño de la aberración. La solidaridad de los medios de comunicación y de organizaciones nacionales e internacionales es con Aguayo, pero la defensa lo trasciende, pues es por la libertad de expresión que nos atañe a todos. El acoso contra los periodistas y quienes disienten del poder debe terminar. La democracia y la justicia jamás podrán desarrollarse mientras los políticos utilicen las leyes para ocultar sus desmanes y riquezas ilegítimas y amenazar a sus críticos. ¿Quién responderá por el daño causado a millones de coahuilenses durante el moreirato? Porque no solo es Humberto el responsable de la ruina, sino también su hermano Rubén; no podría existir el uno sin el otro.

La actitud asumida por el presidente López Obrador en un caso que atenta contra el derecho de expresar libremente ideas y opiniones por todos los medios pertinentes, no corresponde, como en otros temas, a la de un estadista. Menos cuando él mismo confronta y cuestiona el papel de los medios de comunicación, en particular los críticos de su Gobierno, y pretende suplantarlos. Si AMLO ocupa hoy el poder se debe, en gran medida, al empeño y compromiso con la libertad, la justicia y la democracia de periodistas y analistas del tipo de Sergio Aguayo y muchos más. Ponerse del lado de la sinrazón lo presenta como un líder autoritario. Defender a Moreira contradice el discurso contra la corrupción y traiciona la confianza de legiones de mexicanos.