Como es costumbre, diciembre ha sido el mes de los informes de Gobierno para los alcaldes de Coahuila. Rutinarios, sin sobresaltos; con apenas cuestionamientos tibios a manera de réplica de los presuntamente opositores en Cabildo, aunque compañeros de nómina.

El pasado día 16, sin embargo, la Auditoría Superior del Estado presentó el Informe Anual verdaderamente importante: los Resultados de la Cuenta Pública 2018. Sí, es legal que lo concluya un año después: es la forma y plazos establecidos. Sin imágenes de respaldo, sin proyecciones modernas, sin eventos multitudinarios ni publicidad machacona, pero con datos duros. Reitero: lo verdaderamente importante.

Si bien el órgano audita 145 entidades públicas en el estado, cada una de las cuales tiene peculiaridades, me centraré por esta ocasión en los principales hallazgos de las 38 presidencias municipales: las posiciones políticas que más pasiones generan, independientemente del tamaño del municipio, por encima de las desestimadas elecciones de legisladores federales y locales e incluso la de Gobernador.

Cabe señalar que no todos los alcaldes de 2018 fueron reelectos para el periodo 2019-2021. Pero aquel fue año electoral, contexto a tomar en cuenta. Entre quienes no fueron llamados a la reelección destaca Tita Flores Boardman (PRI) en Ramos Arizpe, quien enfrenta un faltante de 89 millones 275 mil 24 pesos.

Parras de la Fuente, con Evaristo Madero, emanado del Partido Verde, fue un completo desastre: le faltan 71 millones 424 mil 946 pesos por comprobar. En proporción, es el hoyo financiero más alto para un Ayuntamiento considerando su presupuesto anual (325 millones 407 mil 840 pesos). En otras palabras: malversó uno de cada 4.50 pesos. Luego están quienes fueron revalidados por tres años más.

Ciudad Acuña con Roberto de los Santos (UDC) solo cobró el 35.8% del impuesto predial en 2018, el mayor ingreso propio del que dispone un Municipio. Su efectividad es baja considerando que sólo contribuye uno de cada 3 propietarios de inmuebles. En derechos
de alcoholes aún disminuye más, a uno de cada 4, ya que solo recauda el 23% de lo facturado. Pero ahí no acaba el asunto. Solo 7.9% de su gasto total se destinó a inversión pública (obras, pues). Y esta disminuyó 25% respecto del año anterior.

Por el contrario no perdona los “servicios personales” (salarios), donde figuró un aumento de 42 millones 873 mil pesos por encima de lo autorizado inicialmente.

El Gobierno de Allende, con Antero Alvarado (UDC), se puede resumir en dos datos: la inversión pública disminuyó 78% respecto de 2017, y el gasto en inversión pública representa solo 4% del total. Ninguno de los dos señalamientos tiene que ver con el éxodo de 2011 ni con la no incorporación del Municipio a los beneficios fiscales de la zona fronteriza para 2019.

Aunque cuantificado en dinero, quienes encabezan las irregularidades son las administraciones panistas de Torreón y Monclova, de Jorge Zermeño y Alfredo Paredes, respectivamente. Torreón tiene perdidos 182 millones 19 mil 803 pesos. Monclova, por su parte, 145 millones 968 mil 319 pesos, de acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento.

No faltará quien por comparar cuestione las cifras correspondientes a Saltillo, con su homólogo priista. Pero la nota de Manolo Jiménez en ese renglón es sobresaliente, ya que solo le fueron observados 4 millones 20 mil 359 pesos de un presupuesto total de 2 mil 749 millones 368 mil 752 pesos.

No se emocione, pues donde queda a deber es en recaudación. Cito un ejemplo. En 2017, el Ayuntamiento de Saltillo dejó de recaudar el 43.9% en impuesto predial.

En 2018, ya con Manolo Jiménez (PRI), lo no recaudado aumentó hasta 62.9 por ciento. Es decir, creció 19% de un año a otro. En Piedras Negras también hace aire. El último año de gestión de Fernando Purón (2017) no se pagó el 39.8% de la contribución. Con Sonia Villarreal (PRI), en 2018, la cifra subió hasta 63.9 por ciento. O sea 24 por ciento.

Lo anterior según información de la Secretaría de Finanzas, contenida en el estudio especial Evolución de la Recaudación del Impuesto Predial y los Derechos por Suministro de Agua en Coahuila.

Ahora bien, como comentario al margen: si Saltillo no recauda lo mínimo indispensable por sus propios medios, ¿con qué cara exige su Edil entonces más presupuesto federal para 2020 y culpa a la Federación de sus ‘bajos’ ingresos?

En defensa de su actuación, los ayuntamientos señalados por irregulares podrán argumentar que hay un plazo para solventar las inconsistencias contenidas en las observaciones. Que se trata de mala praxis administrativa y no mala fe. Que son salvables y comprobables. Algunas, debido a su naturaleza, podrán echarse abajo. Otras, en cambio, revelan un trasfondo más grave: incompetencia y corrupción.

Cortita y al pie
Por lo demás a muchos queda la excusa, y a varios la duda, sobre la parcialidad en el actuar del auditor superior, Armando Plata, quien fue designado para el cargo –autónomo, en el papel– durante la gestión de Humberto Moreira, en 2009, situación que puede condicionar su labor.

Aunque los números no mienten, y si alguien dolosamente les torciera el brazo para que lo hagan, siempre quedarán los respaldos…

La última y nos vamos
En resumen: durante 2018 los municipios de Coahuila fueron administrados por grupos políticos medianos y chambones, por no decir mediocres y rapaces.

Y no, nadie se salva. Ni panistas ni priistas ni udecistas. Falta un partido, sí: Morena. Tranquilo, estimado lector, pues no existen dados cargados al omitirlo, ya que no gobernaba todavía ningún municipio del estado en 2018.