Hace unos días escuchaba a integrantes de un colectivo interesado en impulsar mecanismos de denuncia dirigido a las y los trabajadores del estado, municipios y de las oficinas federales radicadas en Coahuila, con el objetivo de garantizar el anonimato de quien señala hechos relacionados con actos de corrupción, como peculado, cohecho, uso indebido de recursos públicos, abuso de funciones, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito o cualquiera de las irregularidades consignadas en las leyes de esta materia.

La idea es evitar ser rastreados cuando se decide presentar una denuncia de una situación ilegal que se está atestiguando o que ocurrió en una oficina del Estado o Municipio, pero claro, el temor a represalias o el riesgo de perder el empleo puede enmudecer a funcionarios honestos e íntegros, que no están de acuerdo con lo que está pasando en su lugar de trabajo y menos porque involucra finanzas públicas.

¿Cómo evitar que localicen la dirección de IP o dirección de protocolo de internet?, ¿de qué computadora o celular se puede enviar una denuncia por hechos de corrupción sin ser localizado?, ¿a quién y a dónde enviar los datos y dar seguimiento a la denuncia sin que se descubra quién es el interesado? y ¿qué día de la semana o en qué horario puede ser menos factible que se detecte la identidad de quien señala o el origen de la queja?, eran las preguntas.

Y es que según expertos, un simple “me gusta” en la red social de la que se hable, el agregar un comentario, enviar un mensaje privado, una búsqueda de información, o la descarga de contenidos en cualquier plataforma en internet, representa una ruta personal que genera una “huella digital” o un historial de lo que se hace en la computadora personal, el celular o el equipo que se tiene a cargo en la oficina o el trabajo, de ahí la importancia de desarrollar este y otros mecanismos que incentiven la denuncia como los que se tienen en plataformas de las instancias que forman el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y las generadas desde la Secretaría de la Función Pública federal, que son instrumentos que cumplen con un objetivo: facilitar la denuncia de hechos de corrupción.

No obstante, la denuncia es sin duda uno de los ejes principales de los planes de trabajo que ha impulsado el Consejo de Participación Ciudadana, sociedad civil, académicos, empresas, especialistas y el Sistema Estatal Anticorrupción desde 2017, como el Programa de Canalización de Reportes por Posibles Hechos de Corrupción que, a través del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, sigue abierto y vinculado en la plataforma https://anticorrupcion.ccic.org.mx/, así como las infografías sobre la ruta para denunciar delitos graves de corrupción o faltas administrativas, diseñadas y socializadas en una campaña simultánea detonada por integrantes del Comité Coordinador hace un par de meses, casi al cierre de la implementación de la metodología del Reto de los 100 Días.