Han transcurrido ocho años desde que se destapó la megadeuda y hasta hoy nadie ha sido encarcelado aún por semejante atropello. Coahuila es referente de corrupción e impunidad dentro y fuera del país debido a la contratación irregular de créditos por 36 mil millones de pesos durante la gestión de Humberto Moreira. En un acto servil y traicionero, la 58 Legislatura –dominada por el PRI– legalizó el atraco y condenó a generaciones de coahuilenses a mayores privaciones y sacrificios.

Los diputados del PRI y sus satélites se han dedicado a boicotear cualquier intento de abrir los expedientes de la deuda, investigar su destino y presentar a los responsables ante la justicia. El papel de las fracciones opositoras, sobre todo la de Acción Nacional, ha sido frustrante e incluso motivo de sospecha por su falta de valor, voluntad y compromiso. En las legislaturas 59 y 60 era poco lo que podían hacer, pues la mayoría priista era aplastante. Rubén Moreira protegió a su hermano y obstaculizó cada iniciativa tendente a descubrir la verdad sobre el desfalco. Cuando acudía al Congreso, no era para debatir con un poder soberano, sino para escuchar loas y dictar consignas.

Presionado por el PAN en el ocaso de su sexenio infausto, Moreira formó una comisión de subordinados para investigar la deuda, la cual resultó tan útil como un abrigo en canícula. Era más fácil y barato captar a los diputados incómodos que destapar la cloaca. Sin embargo, la actual Legislatura, donde el PRI ocupa 10 asientos y el PAN 9, no se distingue de las anteriores. El tema del endeudamiento sigue estancado. Pretextos sobran. Frente a la incuria oficial, organizaciones no gubernamentales del país (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y del estado (Participación Ciudadana 29) desmienten el discurso justiciero y moralizante del caudillo de la cuarta transformación. La megadeuda excede en gravedad a “La Estafa Maestra”, pero recibe menos reflectores.

Ocho años de figurar en los medios de comunicación por escándalos de corrupción, impunidad, masacres y desapariciones forzadas; con un exgobernador en proceso de extradición (Jorge Torres López) y dos denunciados en México e investigados en Estados Unidos (Humberto y Rubén Moreira), hacen mella en la imagen y autoestima de Coahuila. Las acusaciones recurrentes contra el moreirato y sus acólitos en las “mañaneras” del presidente López Obrador no pueden desestimarse por provenir de periodistas y activistas; al contrario, adquieren valor por el silencio de quienes, en una posición de fuerza, optaron por el silencio.

Después de Estado de México y Ciudad de México, los ciudadanos menos orgullosos de pertenecer a su entidad natal son los coahuilenses, incluso están por debajo de la media nacional de 82%, de acuerdo con una encuesta del periódico El Financiero (13.09.19) con motivo de las fiestas patrias. El dato confirma, en el caso de Coahuila, el estado de ánimo de una sociedad agraviada e indignada por las arbitrariedades, los abusos y la nula voluntad política para castigar delitos cometidos desde el Gobierno en perjuicio de millones de personas, pero sobre todo de los más pobres. Sin justicia, difícilmente habrá transformación.