La historia del Ejército tiene páginas negras por su participación en la guerra sucia y en las masacres de Tlatelolco y Tlatlaya; el asesinato de los estudiantes Jorge Mercado y Javier Arredondo, en el Tec de Monterrey, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros casos. La captura del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, por supuestos nexos con la delincuencia organizada y su posterior absolución en México, también lo pusieron en la picota. Sin embargo, el respeto y la credibilidad en las Fuerzas Armadas no han desmerecido.

¿Es porque la institución armada auxilia a la población civil en casos de desastre (inundaciones, terremotos, incendios), la asiste en campañas (de vacunación y de otra índole) y muchas veces le ha sacado a la clase gobernante las castañas del fuego sin ser correspondida? ¿Es porque en la balanza pesan más sus aciertos? ¿Porque el país sigue en pie por sus soldados? Para afrontar a la delincuencia organizada, el presidente Calderón recurrió al Ejército. La tarea no podía encargarla a policías corruptas e infiltradas por los cárteles de la droga. Incluso su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, está bajo proceso en Nueva York por recibir sobornos del cártel de Sinaloa, entre otros supuestos delitos. En México enfrenta cargos por lavado de dinero y desvío de recursos.

La estrategia de Calderón (PAN), continuada por Peña Nieto (PRI) y profundizada por López Obrador (Morena), no es la más popular ni la más eficaz. Medida en víctimas, es un fracaso: 121 mil 613 homicidios dolosos en el sexenio de Calderón, 156 mil 437 en el de Peña y más de 70 mil en los dos primeros años del Gobierno de AMLO. Las regiones más violentas, de acuerdo con el Inegi, son Estado de México y Guerrero (PRI), Chihuahua y Guanajuato (PAN) y Jalisco (Movimiento Ciudadano). Coahuila se ubica en el puesto 20.

Los responsables de la seguridad ciudadana son los estados. Sin la colaboración de las Fuerzas Armadas, la situación sería hoy más grave. El plan de AMLO contra el crimen organizado y la violencia se basa en tres pilares: el Ejército, los programas sociales y la Guardia Nacional. La promesa de regresar a los militares a los cuarteles no solo la incumplió, sino que, además de mantenerlos en las calles, les asignó nuevas tareas: la construcción del Aeropuerto Santa Lucía y el Tren Maya y la administración de puertos mercantiles y aduanas marítimas, entre otras.

AMLO prefiere la crítica de quienes lo acusan de militarizar el país, que repetir el fracaso, con la Guardia Nacional, a cargo del general Rodríguez Bucio, de la Policía Federal Preventiva, dependiente de García Luna en el sexenio calderonista. La intención de aprovechar a las Fuerzas Armadas para desarrollar infraestructura y participar en programas sociales salta a los ojos: economizar y combatir la corrupción en los sectores público y privado, característica de las administraciones precedentes, y exaltar la honradez del Ejército. Empero, 90% de las obras del Gobierno de AMLO se ha contratado por asignación directa e invitación restringida, lo cual propicia opacidad y corrupción, según la Coparmex.

La política de seguridad y el protagonismo de las Fuerzas Armadas es impugnado por algunos sectores, pero el Presidente y el Ejército mantienen altos niveles de aprobación. Las masacres en el país no han terminado, pero desde la perspectiva de AMLO sí, pues ahora no las provocan los soldados, ni se les utiliza para reprimir. Moderar el uso de la fuerza se ha tomado como debilidad, y la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, como humillación.

Quizá con el deseo de confrontar a los mandos castrenses con su comandante, pero hoy la relación entre ambos es más estrecha que nunca. Máxime después de la liberación del general Cienfuegos.