Además de cumplir la promesa de establecer con su partido (PRI) una “sana distancia” y de impulsar la reforma política que abriría las puertas a la alternancia, el presidente Ernesto Zedillo encarceló a Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor, por homicidio y delitos de corrupción.

Asimismo, retiró la impunidad al Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, uno de los consentidos del “salinato”, acusado de colaborar con el cártel de Juárez.

Con el mismo rigor trató a su amigo Rubén Figueroa, quien renunció al Gobierno de Guerrero por la masacre de campesinos en Aguas Blancas.

Cuando la Procuraduría General de la República le seguía los pasos, Villanueva huyó sin entregar el poder a Joaquín Hendricks, también del PRI.

En mayo de 2001, fue detenido en Cancún y posteriormente extraditado a Estados Unidos donde se declaró culpable de lavar dinero del narcotráfico. Una Corte de Nueva York lo sentenció a 11 años por facilitar el envío de cocaína.

El político regresó a México en 2017 para purgar una condena de 22 años por el mismo delito. Desde el 10 de junio de 2020, Villanueva cumple la pena en prisión domiciliaria por tener más de 70 años, 19 de los cuales los ha pasado entre rejas.

La detención de exgobernadores ocurriría más de una década después: Narciso Agúndez (PRD/Baja California Sur) por peculado, en 2012; Andrés Granier (PRI/Tabasco), quien en una fiesta presumió tener 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300 trajes en sus casas de Miami, Cancún, Ciudad de México y Villahermosa, por desviar más de mil 900 millones de pesos de programas sociales, en 2013.

Guillermo Padrés (PAN/Sonora) se entregó el 9 de julio de 2015, para ser enjuiciado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

La captura del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, el 10 de abril de 2017 en Florencia, Italia, por la Interpol, bajo los cargos de delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, provocó un terremoto en el Gobierno de Peña Nieto. La PGR reclamó, sin éxito, su extradición.

Después de Yarrington cayeron, cual fichas de dominó, los exgobernadores priistas Javier Duarte (Veracruz), el 15 de abril, en Guatemala; Roberto Borge (Quintana Roo), un mes más tarde, en Panamá; y Eugenio Hernández (Tamaulipas), el 6 de octubre, en Ciudad Victoria.

Todos bajo cargos de corrupción. Yarrington, quien aspiró a la presidencia de la República en 2006, fue extraditado el 20 de abril de 2018 a Estados Unidos.

El temor del Gobierno peñista era que, como ocurrió con Humberto Moreira en España y con Yarrington en Italia, Duarte y Borge también fueran solicitados por Estados Unidos.

La rápida liberación de Moreira impidió su eventual traslado a Texas. La captura del exgobernador César Duarte (PRI/Chihuahua) se produjo el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, durante la entrevista de los presidentes López Obrador y Donald Trump en Washington.

Está acusado de estafar 6 mil millones de pesos al estado y de desviar 250 millones al PRI, a través de la Operación Safiro, para las campañas electorales de 2015.

Solo falta concretar un intercambio: el de Eugenio Hernández a Estados Unidos y el de César Duarte a México, el cual ya fue aprobado.

Un regalo para el gobernador Javier Corral y el PAN, previo a los comicios del 6 de junio.

Sin embargo, al final de cuentas Morena podría ser principal beneficiario con la extradición del chihuahuense.