Gran parte de la competitividad de México está anclada en su integración al mundo. Somos de los países más abiertos que existen: 13 tratados de libre comercio que nos dan acceso a 50 países. Desde 1994, las manufacturas mexicanas se convirtieron en la principal fuente de ingresos externos, y hoy generan 18% del PIB y 17% del empleo en nuestro país.
Si bien se ha logrado algo de diversificación (88% del total de nuestras exportaciones iban a EEUU en el 2000 y hoy es el 75%), la realidad es que seguimos concentrados en nuestro vecino del norte. Cada minuto comerciamos un millón de dólares, y en tiempos “normales” hay 1 millón de personas y más de 370 mil camiones que cruzan la frontera diariamente. México es el primer socio comercial de Estados Unidos y el socio comercial más importante de 7 estados (Arizona, Arkansas, California, Kansas, Luisiana, Nuevo México y Texas).
A fin de dar certidumbre a nuestro comercio y a nuestra economía, se tornaba indispensable seguir contando con un instrumento comercial bilateral. La sola amenaza durante 2017 de la posibilidad dar por terminado el TLC de manera unilateral, nos costó altos niveles de volatilidad e incertidumbre hasta la firma del TMEC en noviembre de 2018. Después de esa primera firma, hubo un complejo período de renegociación de modificaciones a lo ya pactado, donde el actual gobierno hizo concesiones adicionales en materia laboral, de paneles de solución de controversias y ambiental, entre otros. El TMEC, con su protocolo Modificatorio; un Acuerdo de Cooperación Ambiental y verificación Aduanera; y un Acuerdo Ambiental, se firmó en diciembre de 2019 y entrará en vigor el 1 de julio próximo.
Preocupa sobremanera que, a partir del próximo 1 de julio este Tratado en vez de ser una buena noticia para la reactivación de México a la mitad de la peor crisis económica de su historia, vaya a causar daños severos de corto plazo a nuestra economía. ¿Por qué? Porque es absolutamente previsible una cascada de denuncias inmediatas y bien planteadas por parte de Estados Unidos por incumplimiento de México de las nuevas reglas laborales y de origen, con las que ya estaremos obligados. Cuidado con esas denuncias. Si México no tiene preparada una estrategia robusta y eficaz de defensa, habrán costos que aún no hemos dimensionado para la industria mexicana, su competitividad y el empleo en el país.
Publicado en El Heraldo de México
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