Estados Unidos.- La Corte Suprema de Estados Unidos denegó este lunes la petición final de Donald Trump para impedir que sus declaraciones de impuestos sean entregadas a un fiscal de Nueva York.

El fallo pone fin a una larga batalla legal para impedir que el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, acceda a los registros fiscales de Trump, y es un gran golpe para el expresidente que no ha escatimado esfuerzos para mantenerlos ocultos durante años.

El máximo tribunal no dio detalles sobre cómo votaron los magistrados y se remitió a la publicación de la decisión.

“El trabajo continúa”, dijo Vance en un escueto comunicado tras la publicación del fallo.

En julio, la Suprema Corte ya había considerado justificado el pedido del fiscal Vance, un demócrata que reclama al bufete contable de Trump, Mazars, los impuestos del expresidente de 2011 a 2018. Pero los abogados de Trump apelaron la decisión.

Esta vez, no obstante, el fallo es final.

Mazars ha indicado en el pasado que acataría el fallo de la Corte Suprema.

Durante su campaña electoral Trump prometió publicar sus declaraciones de impuestos, pero nunca lo hizo.

Como la investigación de Vance parte de una decisión adoptada por un gran jurado cuyas deliberaciones son secretas, nadie sabe exactamente qué busca el fiscal en esos documentos impositivos que pide al bufete Mazars.

Inicialmente, la investigación se centraba en un pago efectuado a la actriz pornográfica Stormy Daniels y a otra presunta amante de Trump para comprar su silencio, en violación de la ley estadounidense de financiación electoral.

Pero la fiscalía dio a entender luego que la investigación podría ser más amplia y extenderse a “posibles comportamientos delictivos en el seno de la Organización Trump”, la empresa que reagrupa los negocios del exmagnate inmobiliario y que no cotiza en bolsa, como fraude impositivo y de seguros.

El expresidente Trump no reaccionó de manera inmediata al fallo de la Corte Suprema. En el pasado ha dicho que es objeto de “una caza de brujas”.

Según la prensa estadunidense los investigadores de la fiscalía interrogaron recientemente a empleados del Deutsche Bank, apoyo financiero de Trump y su holding durante años, así como a empleados de su empresa de seguros, Aon.

También entrevistaron al exabogado personal de Trump, Michael Cohen, que cumple prisión domiciliaria.

Cohen dijo al Congreso que Trump y su empresa inflaban o reducían artificialmente el valor de sus activos para obtener préstamos bancarios o reducir impuestos.

NADIE POR ENCIMA DE LA LEY

Si las sospechas se confirman y Trump es inculpado, el caso podría culminar con el encarcelamiento del expresidente, que reside en su club de golf de Mar-a-Lago, Florida, desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero pasado.

“Hace 200 años, un gran jurista de nuestra Corte estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal”, dijo el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en el primer fallo de julio pasado.

Trump intentó asimismo apelar el fallo de la Corte Suprema ante una corte federal de apelaciones del estado de Nueva York al asegurar que Vance está actuando “de mala fe”, pero en agosto sus argumentos fueron rechazados.

Contrariamente a lo que ocurre con los delitos federales, los crímenes estatales no pueden recibir una amnistía presidencial, si Joe Biden quisiera hacerlo para unificar el país.

Una investigación del diario The New York Times que obtuvo información sobre dos décadas de impuestos de Trump y sus empresas reveló en septiembre que el expresidente ha sufrido fuertes pérdidas, tiene grandes deudas y ha evitado pagar impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 años examinados.

En 2016 y 2017 pagó apenas 750 dólares en impuestos, según The New York Times.

La fiscal demócrata del estado de Nueva York, Letitia James, investiga también denuncias de fraude bancario y fraude de seguros presuntamente cometidos por la Organización Trump en el marco de una demanda civil.

El expresidente de 74 años, recientemente absuelto en un segundo proceso de destitución por incitar a sus seguidores a la insurrección en la invasión del Congreso el 6 de enero, enfrenta asimismo otras demandas judiciales, la mayoría en el ámbito civil.

También enfrenta una investigación penal de fiscales en Georgia sobre sus intentos de subvertir el resultado de la elección presidencial en ese estado tras llamar a un alto funcionario de Georgia y pedirle que “hallara” votos.