Hay dos nuevos cargos criminales contra la ex dirigente de Birmania, Aung San Suu Kyi, así lo informaron hoy los abogados de la ex dirigente quien sufrió un derrocamiento de su gobierno tras el golpe de Estado ocurrido el 1 de febrero, un hecho que ha desatado una ola de protestas en ese país que los últimos días han tenido una sangrienta represión policial.

Ahora se le acusa a Suu Kyi de haber violado una ley sobre las telecomunicaciones y de “incitación al “desorden público”, detalló el abogado Nay Tu.

La líder birmana no tiene permitido aparecer en público desde que fue detenida tras el golpe militar. Ella ya estaba inculpada por haber importado de manera ilegal aparatos de comunicación walkie-talkies y de no haber respetado restricciones vinculadas con el coronavirus.

La audiencia de este lunes se llevó a cabo por videoconferencia y Suu Kyi estaba “al parecer en buen estado de salud”, dijo otro de sus abogados, Khin Maung Zaw.

Los militares justifican el golpe de Estado, que ha puesto fin a una frágil democracia de una década, por las supuestas acusaciones de fraude masivo en las últimas elecciones nacionales de noviembre, ganadas de manera aplastante por la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Suu Kyi.

Nueva jornada de protestas en Birmania

Mientras esto ocurría, centenares de birmanos volvieron hoy a las calles para manifestar su rechazo contra el golpe de Estado tras la sangrienta represión policial ocurrida ayer, la cual dejó una veintena de muertos.

Algunas personas en primera línea se protegían con cascos de plástico y rudimentarios escudos para desafiar un día más a las autoridades, que ayer dispararon munición real en al menos siete ciudades contra el movimiento pacífico de oposición.

“Devolvednos la democracia” o “Abajo el régimen militar”, son algunas de las proclamas que entonan los manifestantes, quienes prometen “luchar hasta el final”, conforme a los vídeos de medios locales que retransmiten en directo las protestas.

Los agentes policiales lanzaron hoy botes de gas lacrimógeno en las calles de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, la misma que ayer se tiñó de sangre al morir al menos un manifestante tras ser alcanzado por los tiros efectuados por las autoridades.

Varios medios locales informan además del despliegue sobre el terreno de militares en tareas de apoyo a la Policía.

La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania reveló en su última actualización que ayer se registraron víctimas mortales en al menos las ciudades de Rangún, Mandalay, Dawei, Bago, Magwe, Pakokku y Kyaukse, además de 200 personas que resultaron heridas.

Con las muertes de ayer, aumentan a 30 las víctimas mortales, conforme a las cifras de AAPP, debido a la violencia desatada tras el golpe de Estado militar del 1 de febrero.

Los manifestantes también exigen la liberación de todos los detenidos por los militares desde la sublevación, entre ellos la depuesta líder del gobierno electo, Aung San Suu Kyi.

El relator especial de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, condenó la violencia y reclamó una acción más severa contra el Ejército, entre ellas sanciones específicas y coordinadas contra los responsables del golpe de Estado y contra los negocios de los militares, además de un embargo global de armas contra el país.