En 2001 se descubrió una operación fraudulenta por mil millones de pesos, organizada desde la dirección de Pemex, para financiar al Partido Revolucionario Institucional.

El expediente se recuerda como el Pemexgate y fue un escándalo que ocurrió después de las elecciones.

Ahora los tiempos del reloj están al revés: un asunto explosivo estaría llegando antes de que se celebren los comicios y tendría que ver con una operación fechada dos años atrás. Esta vez el timo habría sido orquestado desde la Secretaría de Hacienda a través de tres gobiernos estatales, entre ellos el de Chihuahua.

De tener ruedas el vehículo, el Haciendagate posee proporciones atómicas para lastimar las perspectivas del PRI hacia las elecciones del año próximo.

Cuando el Pemexgate, los funcionarios que diseñaron el fraude fueron burdos y evidentes. Lo extraño del Haciendagate habría sido que volvieron a serlo. (Cuesta trabajo creer que no hayan aprendido ninguna lección en dieciséis años).

La supuesta trama fue revelada por el exsecretario de Finanzas de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, quien –además de colaborador del exgobernador César Duarte– fue socio de su jefe en el Banco Unión Progreso.

Herrera Corral está acusado por la justicia de su estado ya que habría malversado con fondos públicos durante su gestión. Sin embargo, desde mediados de este año se sometió a la justicia para colaborar como testigo en contra del exgobernador Duarte y así disminuir los cargos que pesan en su contra.

El 1 de julio de este año Herrera declaró ante la fiscalía de su entidad que César Duarte lo instruyó, durante el primer semestre de 2016, para que brindara apoyo económico al PRI nacional a través de una operación fraudulenta, supuestamente orquestada por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario adjunto del CEN del PRI, así como por Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad Política y Control Presupuestal de la SHCP.

De acuerdo con este mismo testigo, la operación cuestionada ascendería a 246 millones de pesos –cifra proveniente de la hacienda federal y transferida al tesoro local por la vía de un convenio de fortalecimiento– para luego ser retirada a través de facturas apócrifas, fabricadas por el hijo de Alejandro Gutiérrez.

El Haciendagate prosperará siempre y cuando el testimonio de Herrera Corral no sea la única prueba de su existencia. No se trata de un señor suficientemente honorable como para creerle y, aunque lo fuera, con tal de salvar el pellejo la gente es capaz de inventar lo que sea.

No obstante, asegura el actual fiscal de Chihuahua que esta investigación se halla respaldada por la Auditoría Superior de la Federación. En tal caso, entonces sí, nos encontramos ante el comienzo de un gran terremoto político.

Mientras tanto, el día de ayer fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por autoridades estatales y, (cabe tomar nota), también federales.

Habrá que esperar solo un poco para conocer la dimensión del expediente. Si el mismo juez que procedió en contra del exsecretario general adjunto del PRI instruye también orden de aprehensión contra Gamboa Lozano o de César Duarte, el fuego promete llegar lejos.

Cuando el Pemexgate, el director responsable de la paraestatal era Rogelio Montemayor, quien terminó pagando los platos rotos. Si del tamaño del sapo es la pedrada, con el Haciendagate las responsabilidades alcanzarían al penthouse de la política mexicana. Vale especular también en sentido inverso: de no haber armado bien la acusación, el tricolor y toda su militancia saldrán robustecidos.

ZOOM: Las elecciones son siempre incentivo para mirar la paja en el ojo ajeno. Hoy es el PRI quien está bajo los reflectores. ¿Quién será mañana?