El gabinete de Miguel Riquelme Solís se anticipó parcialmente el 31 de julio –con el equipo de entrega recepción– y su conformación, el sábado pasado, responde a la lógica de balancear las regiones de Coahuila según el origen del Gobernador de turno, la mayor parte de los cuales ha sido de Saltillo. La tendencia se hizo más notoria en la administración de Rogelio Montemayor, pues su nominación, última resuelta en Los Pinos, amenazó con fracturar al PRI, cuya preferencia se inclinaba por un aspirante local (Enrique Martínez).

Para compensar el déficit en Saltillo, Montemayor buscó apoyo en La Laguna y otras zonas donde concertó alianzas con grupos políticos y empresariales. En las elecciones de 1993 venció sin dificultad al candidato del PAN Rosendo Villarreal. Las principales carteras las concedió a Carlos Juaristi Septién, de Piedras Negras (Gobierno); Antonio Juan Marcos Issa, de Torreón (Finanzas); Antonio Karam Maccise, de Monclova (Obras Públicas), y Humberto Medina Ainslie, también de Piedras Negras (Procuraduría de Justicia).

Sin embargo, a medida que la presión de La Laguna aumentó al verse marginada de las sucesiones estatales por no haber tenido en décadas a uno de los suyos en la sede del Poder Ejecutivo y creció el movimiento para crear su propio estado y dejar de depender política y financieramente de Saltillo, se le concedieron mayores y más relevantes puestos en la administración central. La estrategia atemperó el ánimo separatista, mas no el clamor de tener un gobernador lagunero, el cual, como lema de campaña no impactó en el resto de las regiones con la misma aspiración e iguales derechos. Carlos Juaristi y Jesús María Ramón, exsenador y exalcalde de Acuña, figuraron entre los aspirantes para suceder a Montemayor.

En la sucesión de 1999, los competidores laguneros de Enrique Martínez fueron Braulio Manuel Fernández Aguirre y Francisco Dávila, cuya carrera política se fraguó en el sexenio de Salinas de Gortari. La candidatura de Martínez surgió de la primera consulta abierta y una vez en el Gobierno no sólo llevó al gabinete a más laguneros que ninguno de sus predecesores, sino también a los puestos clave. En la Secretaría de Gobierno nombró a Raúl Sifuentes; en Finanzas, a Javier Guerrero; en Obras Públicas, a Jorge Viesca, y en la Procuraduría de Justicia a Óscar Calderón. Heriberto Ramos, exalcalde de Torreón, lideró la primera legislatura del sexenio.

Pero una sola posición para Saltillo –calculada o no– sería la que finalmente decidiría, para mal, el futuro de Coahuila. Humberto Moreira utilizó la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Saltillo como trampolín para la Gubernatura. Seis años bastaron para terminar con un periodo de estabilidad, concordia entre los coahuilenses y disciplina financiera. Empezar sin deuda bancaria, con participaciones federales crecientes e ingresos extraordinarios por el auge petrolero, le permitían a Moreira ser un gobernador exitoso. Sin embargo, optó por el camino fácil del populismo y endeudó al estado con más de 36 mil millones de pesos, cuyo destino aún se desconoce.

Como ejecutivo de origen lagunero, Miguel Riquelme ha dejado en manos de Saltillo tres de las áreas más sensibles de la administración: José María Fraustro en la Secretaría de Gobierno; Blas Flores Dávila en Finanzas, e Higinio González en Educación. El Gobierno afronta enormes desafíos, uno de los cuales consiste en generar confianza, resultados y credibilidad en el corto plazo. En otro espacio continuaré con el tema.