Ciudad de México.- El pleno del Congreso capitalino aprobó este martes un dictamen a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, con el que desde ahora se podrá detener y presentar ante el Juez Cívico a quienes atenten contra la tranquilidad de otras personas en la Ciudad de México, es decir, la policía se podrá llevar a los vecinos ruidosos de la colonia.

Según el artículo 186 Bis de esa legislación, corresponderá a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) “detener y presentar ante el Juez Cívico a los probables infractores que ocasionen ruidos por cualquier medio”.

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Que notoriamente atenten contra la tranquilidad o representen un riesgo a la salud y el ambiente de los vecinos, en términos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México”.

La ley entrará en vigor un día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Según el diputado José Luis Rodríguez de León, promotor de la iniciativa, el objetivo es posibilitar a las autoridades ambientales para sancionar el exceso de ruido en la capital, “por considerarlo un factor de riesgo para la tranquilidad y la salud de la ciudadanía”.

Para ello, la legislación incluirá las definiciones de ruido y zona acústica; así como mapas de ruido que deberá crear la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para conocer la situación acústica en todas las zonas de la capital.

Agradezco a mi compañera legisladora @TereRamosA la aprobación del dictamen a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal y al diputado @JRicardoFuente1 las reservas presentadas del mismo durante la #SesiónVirtual Ordinaria del día. pic.twitter.com/IaBEAzoUI0

— José Luis Rodriguez Díaz de León (@Luis_diazdeleon) March 23, 2021

En los mapas se deben identificar las zonas y horarios “donde se presenten casos en los que se superen los límites máximos permisibles; las fuentes que provocan que se supere los límites máximos permisibles y el número de personas afectadas en las zonas donde se superan los límites máximos permisibles”.

Además, la Secretaría deberá establecer los límites máximos de ruido en fuentes fijas y móviles; así como los criterios de equipos, dispositivos y sistemas de reducción de emisiones sonoras.

También tendrá que realizar inspecciones y vigilancia para verificar el cumplimiento de la ley y determinar las sanciones administrativas “que deriven del procedimiento administrativo que, en su caso, se inicie” contra los vecinos ruidosos.