No cabe duda de que en política pocas veces las cosas terminan siendo lo que parecen, y que tal premisa se aplica casi de manera cotidiana. Para quien se pregunte el motivo de mi aseveración, le platico que el lunes pasado, el Tribunal Electoral de Coahuila resolvió dos juicios electorales interpuestos por miembros de una organización LGBT de Saltillo, en los cuales las personas agraviadas demandaban del instituto electoral local, emitir el acuerdo necesario que obligara a los partidos políticos a integrar sus fórmulas de candidatos con miembros de la comunidad LGBTTTI. Cabe mencionar que los recurrentes pedían solo que el Instituto electoral realizara acciones efectivas en los procesos electorales del estado, tendientes a procurar la participación de esa comunidad dentro de la función pública.

“Nuestra población LGBTTTI+ está a la espera de visibilidad política negada por los partidos políticos, en los cuales están como militantes o simpatizantes muchas y muchos integrantes de nuestra gente, pero que por su orientación sexual, identidad o expresión de género se nos ha negado el poder contender por un puesto de elección popular, bajo los dogmas religiosos de que no somos personas buenas o de principios para servir a la ciudadanía desde un puesto de elección”, expresaban los peticionarios como su principal fundamento.

El Tribunal Electoral local, en respuesta a dicha solicitud, se dejó sentir con una compleja e inédita resolución, por medio de la cual no solo les concedió la razón a los demandantes y ordenó que de inmediato el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila emitiera el acuerdo para diseñar medidas afirmativas que impulsen la participación política de los miembros de esa comunidad, sino que también exigió al Congreso del Estado que con leyes facilitara a los de la comunidad, el acceso efectivo a cargos públicos. Y por si fuera poco, y como pilón, en la misma sentencia exhortó a los partidos políticos locales y nacionales en Coahuila, a que impulsaran y promovieran la participación de la comunidad LGBT en el estado, posibilitando con esto la futura imposición de cuotas obligatorias a los partidos, en sus postulaciones.

Bastante compleja y eficaz pareciera la resolución de los magistrados locales, y hasta oficiosos y espléndidos se veían. Sin embargo, en la realidad la citada resolución les quedó bastante corta. Y es que la sentencia dictada en este caso, es por demás parecida a la emitida en diciembre del 2020 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), solo que en aquella se aprovechó de más, y en la misma acción se resolvió también ordenar al INE modificar un acuerdo para obligar a los partidos a postular candidaturas indígenas a diputaciones como una forma de acción afirmativa, instruyéndolo también a establecer medidas tendientes para garantizar condiciones de igualdad en la participación política de personas con discapacidad, y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Se obligó en ese mismo acto al Congreso de la Unión a legislar para garantizar el acceso efectivo a todas esas personas que se sientan vulnerables. Con esa verdaderamente eficaz resolución, se pone en evidencia la poca intención de nuestro tribunal local para lograr verdaderas condiciones de igualdad. O lo que es lo mismo, en política, casi siempre las apariencias engañan.