Ciudad de México.-  El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, advirtió hoy Amnistía Internacional (AI) en su informe 2020/2021. La situación de los derechos en el mundo, en el que expresa su preocupación por las desapariciones forzadas, la violencia contra mujeres, el trato a migrantes y los ataques contra representantes de los medios de comunicación.

En el apartado sobre el país, AI advirtió que el propio presidente “estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba el problema de la violencia de las mujeres”.

La organización señaló que la reacción del gobierno de López Obrador ante la pandemia fueron “recortes del gasto público” que implicaron disolver fideicomisos públicos, “entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”.

Sobre las fuerzas de seguridad, AI expresó su preocupación porque siguieron realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.

En ese sentido, destacó que “el gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.

Recordó que AMLO emitió en mayo pasado un decreto que permite mantener el despliegue de fuerzas armadas para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho decreto “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”.

Además, señaló, el mandatario puso el control de puertos y aduanas en manos de las Fuerzas Armadas.

Entre los homicidios ilegítimos, AI mencionó el caso de Giovanni López, ocurrido en mayo en Jalisco tras ser detenido por la policía municipal por no llevar cubrebocas, algo que las autoridades estatales negaron, así como el caso de Jéssica Silva, quien murió “por accidente” a manos de la Guardia Nacional en Chihuahua.

En el tema de las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o agentes no estatales, Amnistía dijo que no sólo preocupa que continúen los casos, sino la “impunidad casi absoluta” de que gozan los presuntos responsables.

La violencia contra la mujer fue otro elemento sobre el que AI pidió poner atención. No sólo continúan, sino que López Obrador minimiza el problema, “cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”.

También han continuado las amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos , con 24 de ellos asesinados de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, así como contra quienes trabajan en medios de comunicación, de los cuales, hasta noviembre al menos 19 habían sido asesinados.

AI mencionó el caso de la agencia estatal de noticias, Notimex, acusada de emprender “una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno”, así como la carta firmada por 650 periodistas e intelectuales acusando a López Obrador de debilitar a la prensa “al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley” para intimidarla.

AI denunció que persisten, y son motivo “de honda preocupación”, las torturas y malos tratos, así como el hecho de que los acusados “rara vez” comparecen “ante la justicia”. Asimismo, cuestionó “el uso excesivo de la fuerza”, así como los “secuestros, agresiones y homicidios” de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en el país.