Las transiciones democráticas nacionales han fortalecido “los autoritarismos” en los estados, de acuerdo con el artículo Gobernadores sin Contrapesos. El control de los medios de comunicación locales, publicado por SciELO (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) en septiembre de 2016, cuando el Gobierno de Enrique Peña Nieto había entrado en barrena y los ejecutivos locales ostentaban mayor poder. El estudio se enfoca en Querétaro, bajo la gestión de José Calzada Roviroza (PRI), pero aplica a la mayoría de las entidades, de las cuales solo cinco (Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México e Hidalgo) no conocen la alternancia.

El texto de Germán Espino Sánchez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, muestra “cómo el gobernador (…) domina al resto de los poderes e instituciones públicas locales, con énfasis en su control sobre los medios de comunicación”. El mismo modelo se observa en otros estados. “En México la democracia se ha instalado en el nivel federal, sin embargo, esto no ha sucedido exitosamente en el plano subnacional (…) los mandatarios estatales han logrado ganar poder en la esfera nacional, pero han perdido contrapesos en el nivel local durante el periodo de la transición política”, concluye.

Los estados desarrollan regímenes con “características de democracia, pero también de autoritarismo”, cita el estudio. Esta dualidad choca con las teorías tradicionales, pero se basa en múltiples y profundas investigaciones. A los gobiernos subnacionales con estas características se los denomina “regímenes híbridos”, “semidemocracias” o más generalmente “autoritarismos subnacionales”. Entre las contradicciones conceptuales para llegar a una conclusión satisfactoria sobre el tema, se mencionan:

“1) Es difícil afirmar que un Gobierno subnacional puede ser autoritario en el contexto de una democracia nacional; 2) en las entidades se realizan elecciones libres y a veces competitivas, pero, a menudo, estas elecciones están controladas por un partido, por lo que este partido gana muy frecuentemente, o siempre, y a veces con victorias aplastantes que rondan el 80% en los casos más extremos; 3) los gobernadores de estas entidades, a pesar de ser electos democráticamente, no desarrollan una poliarquía (poder ejercido por muchos) como forma de gobierno, sino que someten al resto de los poderes públicos y, en ocasiones, transgreden el marco constitucional de manera impune, lo cual los acerca más a un Gobierno de corte autoritario que a uno democrático”.

En los estados sin alternancia en el poder ejecutivo es difícil “hablar de elecciones competitivas porque estos registran más de ochenta y cinco años con gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI); no obstante, los reportes hablan de que en estas entidades sí se celebran elecciones libres. (…) Los investigadores latinoamericanos coinciden en que este tipo de regímenes caería en la clasificación de sistemas de partido hegemónico (…), regímenes no democráticos, debido a que tienen una larga historia de elecciones controladas por un partido y, por ello, poco competitivas”.

Espino dice que “la regla general es que los gobernadores en México surgen de procesos electorales legales y de elecciones más o menos libres”. Sin embargo, el problema de fondo es “que en la mayoría de los estados de la república aún se vive una concentración de poder en la figura del Ejecutivo local. Este ‘gran actor’ subordina al resto de los poderes del estado: legislatura, Poder Judicial, medios de comunicación y grupos empresariales, etc.”. El patrón se repite en la mayoría de los estados, donde el Gobernador “concentra el poder y domina el espacio público”.

Contra ese monopolio apunta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los gobernadores no están dispuestos a perderlo. Menos en los estados donde aún no hay alternancia. En las elecciones del 6 de junio, Campeche y Colima podrían dar ese paso.