Ciudad de México.- El coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila (Morena), consideró como inevitable una reforma al sistema electoral mexicano después de los comicios del 6 de junio.

Al presentar su más reciente libro: “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”, Ricardo Monreal aseguró que es obligado un “análisis juicioso” sobre el proceso histórico y actuar de los órganos electorales, de los tribunales y de quienes los dirigen.

Destacó que las nulidades y procedimientos sancionadores son la materialización de la evolución democrática que ha tenido el país y constituyen algunas de las herramientas más relevantes para la protección de los derechos político-electorales.

Monreal Ávila comentó que el continuo ejercicio de tales mecanismos, revelan los senderos por los que deben decantarse reformas posteriores, entre ellos, el actuar de las redes sociales y su impacto en el desarrollo de la contienda electoral.

Así como la revisión del principio de legalidad de los órganos electorales, “para que no abusen y no se excedan en su función, al crear y sustituir al órgano legislativo formal”.

Monreal Avila dijo que la actualización de los órganos electorales es una obligación inevitable del Poder Legislativo, dijo, porque no sólo son los más costosos del mundo, sino también porque “se han ido incorporando más y más instituciones por la desconfianza ciudadana, y es hora de darles una revisión”.

#EnVivo Presentación de mi más reciente libro: ‘Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral’, desde Guadalajara. https://t.co/nEd4ft5MzB

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 17, 2021

Desde la Ciudad de Guadalajara, Monreal Ávila hizo un recuento histórico sobre el desarrollo del sistema electoral, consecuencia de la transformación incesante que ha experimentado México en su camino a la pluralidad y a la democracia.

Después de describir las principales reformas en nuestro país en esta materia, el legislador asentó:

“

Resulta claro que lo único constante es el cambio y en vista de eso nada es más oportuno que la investigación constante y la identificación de aquellas áreas que exigen mejoras al interior de la estructura jurídica nacional electoral”.

Advirtió que en la campaña negativa frente a la pandemia se pagan cantidades millonarias para “pautar redes sociales sin control, ejércitos de bots que construyen guerra sucia en contra de candidatos y partidos.

Además, dijo se requiere replantear la propaganda gubernamental porque nadie la observa, además de los esquemas de fiscalización e infracciones. “Pero también hay un abuso de algunos órganos electorales al violar el derecho a participar pacíficamente en procesos democráticos”.

El legislador advirtió que se aplican sanciones desproporcionadas a la falta. No puede ser que por la firma de un suplente se eliminen planillas completas o que, por el gasto desproporcionado de 14 mil pesos, se cancelen registros.

“

La justicia electoral -acotó- tiene que ser proporcional sin que haya impunidad para quienes infraccionan y violan las leyes”.

Este es un tema que tiene que revisar el Legislativo en el momento procesal oportuno, porque no se puede omitir, ni local ni federalmente, la precisión de las normas concretas para que se observe estrictamente el principio de legalidad.

Por esa razón, agregó, “es necesario mayor precisión legislativa, para no permitir interpretaciones amplias groseras y violatorias del principio de legalidad”, pues no existe en la legislación una relación de lo que debe tomarse en cuenta para fijar la gravedad de las infracciones.

“

Parece necesario que el legislador jerarquice los bienes jurídicos en juego, que señale cuáles infracciones son graves y cuáles no, cómo deben tratarse unas y otras, ajustar los plazos y mecanismos de fiscalización y la garantía de defensa de estos procedimientos”.

Ricardo Monreal comentó que otros temas que se tienen que reflexionar son la urgente incorporación al sistema electoral del voto electrónico, el sufragio de las personas privadas de la libertad, sujetas a proceso penal pero no condenadas con una sentencia firme, así como los mecanismos para asegurar la independencia de las autoridades electorales.