Desde el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información, la sociedad ha tenido la oportunidad de expresar libremente sus opiniones con los condicionamientos voluntarios o involuntarios que esto conlleva, sin un costo económico significativo, basta la obtención de un teléfono celular conectado a internet para entablar una comunicación, que acorta las distancias y alarga las conversaciones, desde luego sin la “magia” de estar “cara a cara” con el interlocutor de una forma presencial.

Además, claro, de otros dispositivos electrónicos con precios relativamente competitivos, que se han encargado de dar a conocer los acontecimientos que suceden en casi cualquier parte del planeta. Las noticias se han globalizado. Aunque la manera en que lo hagan puede ser tergiversada o falsa, de ahí el interés de algunos gobiernos de intervenir en esos medios.

La regulación de las redes sociales es un asunto que todavía no se resuelve y ha causado mucha controversia, las autoridades gubernamentales pretenden evitar o al menos minimizar el caos y desequilibrios que pueden provocar las falsas noticias. Las experiencias que se han tenido, particularmente en países desarrollados, han sido paradójicas, porque es el propio mercado el que se ha encargado de autorregularlas, en virtud de que son pocas las compañías (no rebasan las 5), y con cobertura casi mundial, pero que aglutinan a millones de cibernautas que pueblan las redes.

Son empresas que, aprovechando los beneficios económicos que les otorga la competencia oligopólica, censuran y eliminan a usuarios cuando consideran que la información que publican atenta contra sus intereses o es nociva para la sociedad, pero aun así el criterio sigue siendo privado, proveniente de un ente no gubernamental con intereses económicos, que dista mucho del bien común o social.

El ejemplo más llamativo ha sido la censura de que fue objeto el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien fue eliminado del padrón por una de las redes sociales que usaba diariamente. Así, el alto puesto o la investidura política se ven subordinados ante los intereses de la propia empresa administradora de internet, decisión que refleja el grado de madurez de la democracia, sin duda meritorio porque habla bien de la independencia del sector privado y sus derechos con el Gobierno.

En México, uno de los primeros intentos que trataban de legislar sobre el tema que nos ocupa se quedaba solo en eso, pues la propuesta de un senador de la República, precisamente dada a conocer en febrero (2021), no trascendía ante el alud de críticas que recibía, quizá algunas de ellas justificadas, por los vacíos legales que presentaba. La complejidad del tema embrolla la intervención del Gobierno o de un ente autónomo público, por lo que las autoridades, cautelosas, han decidido cederle el derecho al mercado mediante la autorregulación de las empresas, aunque todas ellas extranjeras, con intereses muy ajenos a los de la sociedad mexicana y su Gobierno.

No obstante, por la gravedad de los casos de falsas noticias, que pronto van a dejar de ser eso (casos), que se han venido dando en la región y el país, el Gobierno no puede seguir permaneciendo al margen de una de las consecuencias perniciosas del progreso digital, y mientras tanto qué podemos hacer los ciudadanos con las redes sociales, desde la perspectiva de las noticias, pues se debe de tener la racionalidad y el sentido común para no dejarnos engatusar por falsa información, que lejos de prevenir o concientizar tiene intereses oscuros de índole política o económica.