Ciudad de México.- El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, será sometido a un proceso de desafuero mañana viernes solo por el delito de defraudación fiscal equiparada.

Los otros dos delitos que planteó la Fiscalía General de la República no fueron acreditados, según se desprende del dictamen aprobado por la Sección Instructora que analizó el expediente.

La Sección Instructora señala que no hubo elementos probatorios suficientes en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y en el caso de delincuencia organizada, el delito ni siquiera es mencionado en las resoluciones del grupo de trabajo encabezado por el morenista Pablo Gómez.

Las pruebas que se presentan se refieren a la compra venta de un departamento en la zona de Santa Fe, por parte del Gobernador y su esposa.

Se menciona que hubo la defraudación de 6 millones 511 mil pesos, pero no hay referencias sobre ilícitos por su fortuna personal, propiedades y negocios familiares.

“Se genera para esta Sección Instructora la certeza respecto de la existencia del delito de Defraudación Fiscal Equiparada, así como del sujeto activo, así como de su probable responsabilidad en relación a los actos y hechos que se le atribuyen por la representación social.

“Los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República crean al interior de esta Sección Instructora la plena convicción de que existen elementos suficientes para considerar procedente la Solicitud de Declaratoria de Procedencia”, cita el documento solo en lo referente a la defraudación fiscal equiparada.

A las 11:00 horas del viernes 30 de abril ha sido citado el pleno de la Cámara de Diputados para erigirse en Jurado de Procedencia, a fin de conocer el caso del Gobernador García Cabeza de Vaca y retirarla la protección procesal, a fin de que pueda ser puesto a disposición del Ministerio Público.

De aprobarse mañana el desafuero, el caso sería turnado al Congreso de Tamaulipas, para que conozca del caso y proceda.

“De un minucioso estudio realizado a la carpeta de investigación, esta Sección Instructora llega a la convicción de que se acredita la existencia del delito previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y sancionado en el artículo 108, fracción III.

“Los indicios antes referidos son útiles y suficientes para evidenciar la probable delito de Defraudación Fiscal Equiparada, cometido en agravio del fisco federal, permitiéndonos colocarlo en el centro de la imputación, como el mismo que en el lugar y tiempo de los hechos pudiendo y debiendo obrar conforme a derecho, no lo hizo, inobservando la prohibición contenida en la descripción típica prevista en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y sancionado en el numeral 108, fracción III, del mismo ordenamiento”, cita el documento.

Se agrega que dada su situación personal y dadas las circunstancias, el Gobernador debió dirigir su actuar acorde a Derecho.

“Lo cual no hizo, pues dirigió y exteriorizó su voluntad a efecto de transgredir la norma prohibitiva y obtener así un beneficio indebido, a costa y en perjuicio de la Hacienda Pública“, citan las conclusiones del documento.

Se destaca la venta del departamento del que era copropietario con su esposa, la cual se hizo por la cantidad de $42 millones 113 mil pesos.

El inmueble fue adquirido inicialmente por la cantidad de 14 millones 300 mil pesos, por lo que hubo una ganancia de por plusvalía de 27 millones 813 mil pesos.

“Todo el monto del precio de la venta fue depositado en su cuenta bancaria en lugar de haber sido dividido en partes iguales con su copropietaria. Y, además, declaró fiscalmente de manera incorrecta.

“La representación social federal, determina que la procedencia y origen de los recursos para realizar tal adquisición del inmueble no se encuentra identificada y que aunado a ello el inculpado omitió dolosamente declarar la recepción de los mismos, teniendo la obligación de hacerlo.

También se menciona que el inculpado efectuó 162 operaciones de dispersión de dichos recursos en lapsos reducidos y en montos significativos por un importe de 36 millones 679 mil pesos, de los cuales 23 millones 575 mil tuvieron como destino posterior la empresa familiar del Gobernador.

“Lo cual genera una nueva duda en relación a la disposición de buena fe respecto del monto que a su copropietaria correspondía, generando con esto una simulación jurídica, y, por lo tanto, dando pie a la existencia de mala fe en sus actos”, cita el documento.

Sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se señala que el material probatorio existente permite “parcialmente” tener por acreditado los elementos que constituyen dicho delito.

“Sin embargo, esta Sección considera pertinente dejar la comprobación de los elementos del tipo penal a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en el proceso correspondiente”.