México se está convirtiendo en el principal problema de seguridad para Estados Unidos. Las relaciones entre las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador no son buenas.

En ese contexto ríspido se están dando también las inspecciones de la Federal Aviation Administration (FAA), que capitanea Steve Dickson, para no degradar a Categoría 2 la seguridad aérea de nuestro país.

El Gobierno de la 4T ha aceptado que no tiene inspectores suficientes y ya hubo varias reclamaciones. Una es la seguridad cuando estén funcionando los dos aeropuertos, el Benito Juárez y el Felipe Ángeles.

Pero en cualquier caso hay un déficit creciente de personal, de poco más de 100 inspectores, para atender las cuestiones de seguridad en una operación normal de los dos aeropuertos del Valle de México.

El problema es que las autoridades federales crearon ya una disfuncionalidad administrativa entre el nuevo aeropuerto, controlado por militares, y los civiles que tienen que vigilar todo el sistema aeroportuario.

La Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda Luis Cresencio Sandoval, ya recibió autorización de la Secretaria de Hacienda para contratar a esos más de 100 inspectores.

Sin esos cuando menos 100 inspectores no va haber ratificación de la FAA para México en Categoría 1. El problema es que los pupilos de Arturo Herrera no han determinado la partida presupuestal.

Hoy por hoy el informe del regulador estadunidense es negativo y la idea es degradar a México a Categoría 2, lo que se anunciaría a finales de este mes con el consecuente impacto para las aerolíneas mexicanas.

Ya se cuenta con la partida presupuestal, el problema es que han armado tal complicación a nivel administrativo que están teniendo problemas para articular lo que es la concesión del recurso.

La 4T ha creado tal conflicto entre Santa Lucía, la reorganización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el desplazamiento de poderes de los muchachos de Jorge Arganis, que en la FAA no ven cómo.

CINEMEX, DE GERMÁN Larrea, llegó finalmente a un acuerdo de reestructura con sus siete bancos acreedores para refinanciar el crédito sindicado de 200 millones de dólares y poner fin con ello a la incertidumbre en cuanto a su viabilidad operativa. El anuncio se deberá hacer esta misma semana.

Hablamos de BBVA, de Eduardo Osuna; HSBC, de Jorge Arce; Santander, de Héctor Grisi; Scotiabank, de Adrián Otero; Banorte, de Carlos Hank González; Sabadell, de Francisco Lira, y EDC Export Development Canada. En paralelo, la cadena que dirige Rogelio Vélez también acordó con sus arrendadores convenios de pago de renta variables amarradas a porcentajes de ventas y en algunos casos ajustes en rentas fijas. Son los casos de Fibra UNO, que comanda Gonzalo Robina; Walmart, que preside Guilherme Loureiro; Dahnos, de David Daniel; Soriana, de Ricardo Martín Bringas; Grupo Chedraui, de José Antonio Chedraui Eguía, y Carso, de Carlos Slim, entre otros.

ALPHACREDIT CONTRATÓ al despacho White & Case de Nueva York, que preside Hugh Verrier, para que los asesore legalmente en la petición para acogerse a la protección contra bancarrota bajo la figura del Chapter 11 en Estados Unidos. También a Rothschild y Alix Partners como consultores financieros. Aquí en México, la fintech fichó al bufete Del Castillo y Castro Abogados, que capitanea Fernando del Castillo, para que igualmente los conduzca en la ruta de un posible concurso mercantil. Le informé que la intermediaria no bancaria de José Luis Orozco y Augusto Álvarez tiene por lo menos 700 millones de dólares en bonos. Algunos de sus acreedores son Schroeders y BlackRock.

LE REFERÍA AYER que el reto para Julio Villarreal y el grupo que lidera es reestructurar financieramente a AHMSA. Amén de los cerca de 2 mil 500 millones de dólares que arrastra con acreedores como Cargill y Banca Afirme, está el pago de 55% de las acciones que debe liquidar a la familia de Alonso Ancira. Aquí se estiman no menos de otros mil millones de dólares. El empresario que recién pactó la reparación del daño a Pemex por la venta de Agronitrogenados ya no participará en esta historia. Hoy está retirado en su casa de San Antonio, en Texas. Los 216 millones de dólares que se pagarán a la empresa que dirige Octavio Romero saldrán de la bolsa de los nuevos inversionistas.

LA UNIDAD DE Apoyo Jurídico de la Dirección de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía notificó ayer el escrito a la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), por el cual manifiesta observaciones a la gestión de su presidente, José Luis Rodríguez Aguirre. Le comenté el sábado que la dependencia que encabeza Tatiana Clouthier emitió el oficio 110.11218.21, por el que deja sin efecto la presidencia del dueño de Respuesta Radiofónica en el gremio de los radiodifusores.

LA ANTAD PERDIÓ la filiación de la cadena Oxxo. La cadena minorista que descuelga de Femsa, presidida por José Antonio Fernández Carbajal, no estuvo de acuerdo en pagar una cuota extraordinaria que la asociación que encabeza Vicente Yáñez va a cobrarles a sus asociados por la Expo Antad. Como el año pasado no se organizó por la pandemia del coronavirus, para compensar la caída de ingresos se inventaron una metodología basada en metros cuadrados de ventas que resultó muy onerosa para Oxxo.

AYER SALIÓ UN primer tranche de ejecutivos de la Bolsa Mexicana de Valores. Resulta que en el primer año de pandemia de Covid-19, la institución que dirige José Oriol Bosch detectó redundancias en varias áreas de trabajo que decidió recortar. El ajuste va a ser en todas sus empresas, léase mercado de capitales, liquidación de derivados, contraparte central de valores, abogados, todo de cara a una reestructura administrativa basada en eficiencias encontradas en este primer año del coronavirus.