México, D.F.- Al menos desde 2002, la Procuraduría General de la República (PGR) tenía documentado que más de 80 personas acusadas de la matanza, eran inocentes, las cuales fueron consignadas con armas sembradas, testigos falsos y declaraciones alteradas por tortura.

En el libro Acteal: la otra injusticia, Análisis crítico del caso y del debido proceso en la justicia en México de Hugo Eric Flores Cervantes, entonces académico del CIDE, se reproducen copias de cinco personas confesas de nueve probables responsables de los crímenes perpetrados el 22 de diciembre de 1997.

En la obra, se retoma la confesión de Roberto Méndez Gutiérrez encargado de integrar un grupo de personas que vengaría la muerte de Agustín Vázquez, integrante de su comunidad, Los Chorros, y “para no quedarse con los brazos cruzados, pagarían 15 mil pesos, que quedó en 7 mil 500 pesos”.

Al hacer un recuento de las irregularidades del caso, Flores Cervantes comentó en entrevista con EL UNIVERSAL que se usaron testigos falsos, que nunca fueron aleccionados, por lo que cayeron en un sinnúmero de contradicciones, la escena del crimen fue “removida”, ya que se “apilaron los cuerpos para hacerlo más trágico, además de que los acusados no hablaban español y no tuvieron el apoyo de un traductor”.

“Hay que hacer énfasis en que la mayoría de los acusados fueron encerrados sin órdenes de aprehensión; arraigados sin orden para hacerlo, además de que un punto clave en la investigación es que fueron señalados con armas sembradas.

“Esto es fundamental porque posteriormente, Roberto Méndez, uno de los responsables, fue el que llevó a las autoridades al lugar donde habían ocultado el armamento utilizado, porque cabe recordar que cuando los presentan, se uso cualquier lote de armas”, aseveró.

Otra más, es que de manera permanente había cambio de jueces, por lo que comentó que será plausible la decisión de ordenar la liberación de inocentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el tiempo de fincar responsabilidades al poder judicial, “porque esto no se puede quedar en un usted disculpe”.

Flores Cervantes, quien realizó su investigación junto con los académicos Alejandro Posadas y Maximiliano Cárdenas para conformar un libro de próxima aparición, cuyo último borrador proporcionó a EL UNIVERSAL, recordó que en esos años, se nombró un fiscal especial “sin facultades”, para llevar el tema, el cual, “reventó por la llegada del zapatismo, que se convirtió en una venganza religiosa”.

“La decisión de la Corte va a confirmar que los crímenes no se cometieron dentro de la iglesia, ya que había estas afirmaciones cuando dentro del templo, que era ya más bien museo, no hubo rastros de sangre, ni siquiera de cuerpos que hayan sido arrastrados y los impactos de bala, están por fuera”, insistió.

Cabe aclarar que antes de llevar el caso para su investigación en el CIDE; Flores Cervantes emprendió la defensa de un grupo de indígenas, pero posteriormente se hizo a un lado, por lo que pidió que en esta semana se debe precisar qué va a pasar con otros 26 acusados.

“Todavía faltan 26, porque en la información de EL UNIVERSAL se habla de 40, pero faltan más”, apuntó.