Madrid, España (Proceso).- José Arturo Ponce Medina, a quien la Procuraduría General de la República de México investiga como operador financiero del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia y su familia, arribó al aeropuerto de Barajas el 6 de junio pasado, procedente del Distrito Federal. Venía esposado y custodiado por dos agentes federales mexicanos y uno español, en cumplimiento de una orden de extradición del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por ser pieza clave en un entramado de tráfico de drogas a Europa y lavado de dinero.

Se presume que Ponce Medina participó en una red creada en México por el cártel de Sinaloa, en sociedad con el cártel colombiano del Valle del Norte del Cauca, que introdujo toneladas de cocaína en el mercado europeo a través de España y blanqueó en este país por lo menos 236 millones de euros en sólo tres años.

Luego de huir de España y refugiarse por un tiempo en México, Ponce Medina fue detectado el 17 de enero de 2008 cuando pretendía ingresar a un centro de turismo invernal en Estados Unidos. De inmediato fue deportado a México y la PGR inició el procedimiento de extradición a España.

Para sorpresa de las autoridades mexicanas, Ponce Medina traía en su maleta documentos que lo vinculaban con supuestas operaciones financieras que realizó para el líder minero Gómez Urrutia, su esposa Darlinda Casso Valdez y su hijo Alejandro Gómez Casso, radicados en Canadá.

Fichas de depósito y movimientos entre distintas cuentas bancarias a nombre de Gómez Urrutia y sus familiares dieron pie a que se abrieran nuevas averiguaciones, las cuales aparentemente no tienen ningún vínculo con la red de narcotráfico que la policía española desmanteló.

El 29 de junio, en el marco de otro operativo que la Guardia Civil denominó Juanes, se dio a conocer la captura de 31 personas en Madrid, Valladolid, Sevilla y Barcelona, entre los que había cuatro mexicanos.

En la operación, que permitió el aseguramiento de 570 kilos de cocaína y de 2 millones de euros listos para ser enviados a México, se identificó a una decena de mexicanos.

La Guardia Civil informó que desde octubre de 2008 descubrió que un grupo de narcos que operan en Guadalajara y Colima enviaba droga escondida en contenedores de mercancía legal; ésta contaba con pedimentos normales de exportación y principalmente era enviada vía marítima a Valencia.

Posteriormente, la droga era entregada a los colombianos para su comercialización; en el barrio de Vallecas, en Madrid, se hacían los “cortes” para su venta.

Finalmente, el dinero producto de la venta de la droga se lavaba por medio de empresas legales en manos de españoles.

OPERACIÓN TACOS
El 6 de marzo de 2005, los investigadores españoles tuvieron que acelerar una serie de detenciones como parte de la llamada operación Tacos cuando interceptaron en el aeropuerto barcelonés a José Arturo Ponce Medina y a su hermano Héctor Gerardo en compañía de dos mujeres, al pie de un jet ejecutivo en el que pretendían viajar rumbo a Los Ángeles, con escala en el aeropuerto canadiense de Gandeer.

Un funcionario cercano a las pesquisas recuerda que les descubrieron 5 millones 520 mil euros que pretendían sacar de España.

José Arturo mostró un pasaporte expedido el 4 de enero de 2002 en la delegación Tlalpan, con fecha de nacimiento el 15 de febrero de 1971. El juez Andreu otorgó a los hermanos Ponce Medina libertad bajo fianza, pero les prohibió salir de España. Sin embargo, cuando el magistrado los citó a declarar, no se presentaron. Habían huido del país.

El Ministerio del Interior identificó al mexicano Guillermo Francisco Ocaña Pradal, un empresario del espectáculo, como cabecilla de la red en la que participaban los hermanos Ponce Medina, y “responsable del movimiento de dinero ilegal desde España a tierras mexicanas”, dice su comunicado del 5 de abril de 2005.

Ocaña realizaba millonarias operaciones financieras en la Ciudad de México mediante la casa de cambio Ribadeo, en la colonia del Valle, propiedad de Francisco José Antón Pérez, asesinado posteriormente.

Célebre por sus fiestas en Acapulco y Tequesquitengo, el empresario del espectáculo pidió al abogado barcelonés Joan Piqué Vidal, también imputado, que interviniera para tratar de liberar los más de 5.5 millones de euros asegurados a los hermanos Ponce Medina. Su despacho había ayudado a Ocaña a crear una productora de televisión en España, tal como el jurista lo comentó a la prensa local.