Carlos Salinas de Gortari vendió en 1992 el complejo agroquímico de Pajaritos (antes Fertimex y después Agro Nitrogenados) a una empresa de la familia del entonces senador y futuro Gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy. El escándalo estalló en 1996 y provocó la peor derrota del PRI en unas elecciones intermedias. En los años siguientes, el PAN gobernó más del 70% de la población del estado. La administración hizo juegos malabares y compró diputados para atraerse al primer Congreso fuera de su órbita. La debacle no es atribuible solo al tráfico de influencias y al capitalismo de compadres, propio del neoliberalismo, sino también a factores sociales y políticos locales; sin embargo, el caso aumentó la animadversión hacia el Gobierno y el PRI.

Los Montemayor vendieron Pajaritos a Altos Hornos de México (AHMSA), también privatizada entre amigos por Salinas. Xavier Autrey Maza y Alonso Ancira Elizondo compraron la acería a precio de ganga y con una plantilla laboral menos gravosa por una serie de despidos previos. Rebautizada como Agro Nitrogenados y ya convertida en chatarra, AHMSA traspasó la planta a Pemex, con un sobreprecio superior a los 4 mil millones de pesos (más de 200 millones de dólares), bajo la gestión de Emilio Lozoya Austin, en prisión domiciliaria mientras recibe sentencia. El expresidente Enrique Peña Nieto podría ser encausado por este y otros delitos, como el relacionado con la multinacional brasileña Odebrecht, la cual pagó sobornos a cambio de contratos
gubernamentales.

Al igual que Emilio “el Tigre” Azcárraga, expresidente de Televisa, quien en pases de charola entre magnates donaba decenas de millones de dólares para financiar campañas presidenciales, Ancira se ostentaba como soldado del PRI. Era un sofisma, pues desde el sexenio de Salinas de Gortari las oligarquías —acotadas ahora por Andrés Manuel López Obrador— impusieron su agenda al ejecutivo de turno, al Congreso, a los gobernadores y a las instituciones. Después de que López Portillo expropió los bancos en 1982, las elites empezaron a mandar. Ancira pagaba encuestas y servicios a funcionarios y aspirantes del PRI a cargos de elección. AHMSA duró 17 años en suspensión de pagos y el Gobierno de Montemayor la protegió. Siempre fue una mina de oro para sus dueños y socios políticos.

Salinas también reprivatizó la banca entre cuates, y cuando el sistema volvió a desfondarse, Ernesto Zedillo creó el Fobaproa para salvarlo. Igual se rescataron carreteras concesionadas; todo con cargo al erario. Mientras, la corrupción, la pobreza y la desigualdad galopaban; figuras de contratación (outsourcing) eran objeto de abuso, en perjuicio de los trabajadores; los fraudes electorales se repetían a escala federal y local; y los poderes fácticos se miraban el ombligo. López Obrador, el líder opositor por antonomasia, tomó dos caminos: 1) denunció a la “mafia del poder” y a los gobiernos sometidos al dinero; y 2) escuchó a los excluidos por el régimen neoliberal.

En Coahuila, AMLO oyó hablar de los Moreira; de la corrupción y del nepotismo del clan; de la megadeuda, de las empresas fantasma y del abandono de La Laguna, Monclova y zonas del estado; de las masacres y desapariciones forzadas y del enriquecimiento de políticos, funcionarios y capos de la droga metidos en el negocio del carbón. También, de los privilegios de AHMSA y de su relación con el moreirato; del cacicazgo político y económico de Ancira y del control oficial sobre los medios de comunicación. Tomó nota de todo, pero en los primeros meses su Gobierno se cruzó de brazos. Interrogado sobre el “moreirazo” en una mañanera, el Presidente dijo que Felipe Calderón y Peña Nieto habían cerrado el caso. Pero él reabrió el de Pajaritos y lo anudó con los viáticos por 30 millones de pesos a Rubén Moreira, previo a las elecciones de este 6 de junio.