Coahuila

Publicado el sábado, 5 de junio del 2021 a las 17:10
Saltillo, Coahuila.- En Coahuila mueren 9 personas a día por infartos, 3 mil 285 al año, que son la principal causa de muerte en la entidad, sin embargo, a pesar de que la Ley de Cardioprotección obliga a edificios públicos a contar con equipos desfibriladores automáticos, el ordenamiento no se cumple.
La diputada Mayra Valdés González, señaló que también obliga a instalarlos o contar con ellos en inmuebles públicos como parques, centros deportivos, escuelas y eventos que concentren o tengan flujo de 500 personas y más.
Además, deben ubicarse en lugares de fácil acceso y contar con instrucciones claras que faciliten su uso a cualquier persona, pero no se hace.
Añadió que los infartos son motivo de alta mortalidad en nuestro estado, lo mismo que en el país, con más de 141 mil fallecimientos anuales.
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El 27 de noviembre de 2018, en el Periódico Oficial del Estado se publicó la Ley de Cardioprotección de Coahuila, que tiene por objeto establecer y regular un sistema integral para la atención de eventos de muerte súbita que se presentan en espacios públicos y privados con alta afluencia de personas”.
Se busca reducir la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón “sin embargo, en lo que va del 2021, en nuestro estado podemos ver casi a diario en los medios de comunicación personas fallecidas a causa de infartos”.
El ordenamiento obliga a instalar desfibriladores en edificios públicos con alta concentración de personas. Con esos equipos y personas capacitadas, se puede salvar al menos al 40% de los infartados. La atención oportuna mediante reanimación cardiopulmonar significa la oportunidad de sobrevivir.
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Desde que está vigente la Ley, muchas personas han muerto de infarto en las inmediaciones de presidencias municipales y de edificios públicos que, se supone, deberían contar con equipos de desfibrilación”.
“A pesar de que tenemos una Ley de Cardioprotección, la realidad es que no protege a nadie”, aseguró, al indicar que la Secretaría de Salud debe informar sobre los edificios públicos estatales y municipales que disponen de desfibriladores.
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