Sabinas, Coah.- La Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro Pro de Derechos Humanos solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad la clausura, penalización y cancelación de los contratos en la mina de Obayos, donde el pasado 11 de junio un trabajador sufrió un accidente y quedó paralizado, sin que haya recibido hasta el momento la atención médica adecuada.

En un comunicado, el organismo señala que un día después de que se localizó el último cuerpo sin vida de los mineros atrapados en la mina de Rancherías, en Múzquiz, Juan Muñiz Calvillo sufrió un accidente en la cueva ubicada en el municipio de Escobedo, que lo dejó paralizado de piernas y brazos, sin que haya podido tramitar su incapacidad ante el IMSS.

Da contratos CFE a carboneras anómalas
La cueva carbonera en el municipio de Escobedo, donde el trabajador Juan Muñiz Calvillo resultó lesionado, pertenece a un complejo propiedad del empresario Luis Alfonso Rodríguez Garza, quien mantiene las operaciones en medio de circunstancias irregulares.

Además de que el accidente fue ocultado por el propietario, de acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano entregada a la CFE, el complejo minero aparece en “amarillo” debido a que no tiene manifiesto de impacto ambiental y no ha informado a la propia Comisión el área a explotar en el lote 219316, expuso el organismo.

El contrato de la empresa Consorcio Minero A.G. y Cía. S. A. de C. V. es por 35 millones 373 mil 402 pesos, de acuerdo con el documento CFE-0700-ADAAN-0026-0020, además de otro a nombre de Grupo SACU por 53 millones 969 mil 794.80 pesos, que también pertenece a Rodríguez Garza.

De acuerdo con los documentos, las dos empresas obtuvieron contratos para suministrar carbón a la CFE por un total de 89 mil 280 toneladas, lo que significa ganancias superiores a los 89 millones 343 mil pesos.

A pesar de estos números, el complejo minero carece de las condiciones de seguridad requeridas para sus trabajadores, el propio personal lleva su equipo de seguridad, no se controlan los riesgos de trabajo, no hay salidas de emergencias, y en ocasiones se trabaja en los pozos inundados de agua.

Por si no bastara, los trabajadores no están registrados ante el IMSS con el sueldo íntegro, como el caso de Juan Muñiz Calvillo, quien está dado de alta con un salario de 167.23 pesos diarios.

Según han documentado, los trabajadores reciben semanalmente en sobres amarillos entre 3 mil 100 y 4 mil 600 pesos, de los cuales se les retiene el pago de las toneladas que sacan el viernes, para obligarlos a regresar el lunes siguiente.

Ante estas irregularidades, la Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro Pro de Derechos Humanos, solicitaron una reunión a través de una carta dirigida a Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, debido a la precariedad de los centros de trabajo que suministran carbón a la Comisión, a lo cual se les respondió que no se compraba carbón en la mina Micaran, donde fallecieron 7 mineros.

Debido a esto una vez más se pronunciaron por solicitar medidas que eviten este tipo de tragedias, además de la prohibición de las llamadas minitas de arrastre o cuevas, que la CFE se comprometa a no comprar carbón en este tipo de minas, que se revisen los contratos asignados, pero sobre todo la cancelación de las concesiones mineras de todas las áreas ya explotadas.

Además exigieron la pronta y adecuada atención médica para Juan Muñiz, y se llame al empresario para que se le sancione por no dar aviso a las autoridades del accidente, y se cancelen sus contratos con la Comisión, así como una penalización conforme al reglamento minero de la Secretaría de Economía.