Querétaro.- Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo efectivas las primeras cinco órdenes de aprehensión en contra de mujeres que participaron en la protesta del 8 de marzo pasado, dio a conocer la activista Maricruz Ocampo Guerrero.

Señaló que las primeras dos detenciones fueron por pintas y daños a la maqueta de la ciudad de Querétaro que se encuentra en la entrada de la Alameda Hidalgo, sobre avenida Zaragoza.

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El delito que se les imputa puede llevar hasta nueve años de prisión y les piden una reparación del daño millonaria, de más de dos millones de pesos”, indicó la activista.

Asimismo, recordó que una de las jóvenes detenidas es víctima del delito de violación, que data de 2019 y su  carpeta de investigación sigue abierta y aún no se resuelve, por lo que su agresor sigue libre.

Agregó que las órdenes de aprehensión se liberaron el 7 de abril pasado, menos de un mes después de la marcha del 8 de marzo, pero se detuvo su cumplimentación hasta pasado el proceso electoral, lo que para la activista sólo significa que no se llevaron a cabo antes para no dañar al partido que gobierna. 

Por otro lado, en un comunicado, organizaciones y colectivas manifestaron su preocupación por las recientes detenciones de mujeres, por su participación en la manifestación del 8M, en marzo de 2021.

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Tenemos conocimiento que las órdenes de aprehensión son del 6 de abril del presente año, contra mujeres jóvenes que participaron en la marcha del 8M y apenas se están ejecutando, justamente posterior al proceso electoral”, exponen. 

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Cabe destacar, dicen, que en algunos casos las mujeres aprendidas fueron sacadas de sus hogares bajo engaños para luego ser arrestadas, lo cual es totalmente inconstitucional e inconvencional, ya que de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos, es obligación de las autoridades informar a la persona que está siendo capturada el motivo por el que se le está aprehendiendo y sus derechos. Asimismo las mujeres que fueron aprehendidas no forman parte de alguna agrupación o colectiva específica, lo que las deja en un estado mayor de vulnerabilidad”, señalan.

Agregó que la información de la Fiscalía no es transparente ni precisa en cuanto al número de mujeres imputadas y los delitos por los que se les acusa, lo cual genera una violación a la seguridad jurídica de la ciudadanía.

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Observamos que estas acciones se enmarcan en una persecución ideológica y política, que tiene como fin la criminalización de la protesta y la estigmatización del movimiento feminista y sus múltiples manifestaciones por lo que exigimos a las autoridades ministeriales y judiciales que todo proceso se haga dentro de los marcos de la legalidad, transparencia y con estricto apego a los derechos humanos. En este mismo sentido, teniendo en cuenta la relevancia de esta situación, instamos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro para que de forma oficiosa investigue estos hechos y realice una recomendación”.