El consumo de energéticos de una nación es un tema que debe tratarse desde un perspectiva integral, pues tiene varias aristas que pueden entrar en conflicto al contrastarlas con las energías limpias, y que los países, sobre todo europeos, están planificando su futuro en el consumo de combustibles generados por estas, pero en México, el gas natural y el petróleo todavía se vislumbran imprescindibles, en el mediano plazo, para el desarrollo de la economía, debido a las políticas que formula la Secretaría de Energía.

Pemex tiene un nivel de endeudamiento muy superior a su valor real: de acuerdo con una fuente especializada, su precio asciende a 9 mil millones de dólares, aunque su valor es mayor al de cualquier empresa del sector privado, no obstante, es engañoso por los pasivos laborales que maneja, de ahí su creciente dependencia del Gobierno. La debacle financiera de la petrolera ha sido uno de los factores por los que ha dejado de explotar yacimientos de gas (Cuenca de Burgos…), pues el precio internacional del mismo no le resultaba rentable para su explotación y aprovechamiento. Siete de cada 10 hogares en el país lo usan para cocinar y realizar actividades personales, lavado, aseo, etcétera. (Fuente: Sener).

Se debe recordar que en 2017 hubo cambios en el manejo de los precios del gas LP: su precio se liberalizaba, desaparecía la injerencia directa del Gobierno. Ahora sería la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la responsable de determinar los precios máximos, auxiliándose de otra Comisión, la de Competencia (Cofece), que revisaba el comportamiento de la oferta y demanda para sugerir el precio.

Con el cambio de Administración federal (2018-2024) y la volatilidad de los precios del gas LP, sucedía algo inesperado: las importaciones de gas natural se incrementaban aceleradamente, a tal grado que más de 80% del total consumido en México provenía, en 2019, de Estados Unidos, casi único proveedor, que sin duda hacía más vulnerable la estabilidad del mercado de gas natural y LP en México.

Las consecuencias de ese cuasi-monopolio no se hicieron esperar: con la colusión de empresas distribuidoras de gas LP en la República, la depreciación del peso frente al dólar y el desinterés de Pemex en ampliar su mercado de gas, los precios del kilogramo de gas LP se dispararon, dañando aún más la maltrecha economía de las clases populares. La respuesta del Gobierno ante tal situación ha sido tratar de poner un tope a los precios de ese hidrocarburo, presionando a la CRE para que llevara esa acción de regulación y control. Pero además, pretende formar una empresa estatal que compita con el resto de agentes que configuran ese mercado.

La burocracia federal estuvo bien afinada, y en cuestión de días los precios en la Región Sureste pasaron de 24.15 a 21.32 pesos por kilogramo del energético, aunque se puede considerar la disminución como poco amplia (alrededor de 12%), se puede decir que los márgenes de ganancia de las empresas eran extraordinarios. Por otra parte, volver a tener al Gobierno como empresario se puede justificar mientras el mercado se estabiliza, porque el volver a los subsidios, por la experiencia que se tiene de los políticos mexicanos, es condenar al fracaso cualquier intento de formar nuevas empresas paraestatales.