La semana pasada el Poder Judicial de la Federación colocó, para la gran fortuna de México, dos clavos más en el ataúd de Morena. Me explico: cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, después de cuatro meses de sospechoso silencio, tensiones y murmullos, que finalmente no ampliaría su período al frente del máximo tribunal más allá del 2024, según lo establece con meridiana claridad el Artículo 97 de la Constitución, concluyeron las suspicacias que cuestionaban la independencia del Poder Judicial.

Resulta imperativo advertir que diversos jueces federales, héroes de la patria, al haber aplicado la ley aún en contra de amenazas provenientes de Palacio Nacional, concedieron amparos a víctimas de indigeribles violaciones constitucionales que atentaban en contra de su patrimonio y de la generación de empleos y de riqueza en el país.

¿Por qué razón Arturo Zaldívar permitió que transcurriera tanto tiempo antes de manifestar su respeto a la Constitución, cuando existe una disposición expresa al respecto? La Corte tendrá que emitir una resolución que deje sin efectos el Artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un auténtico aborto legal, de modo que AMLO no aproveche vacío alguno para intentar permanecer dos años más en el cargo. Si fue electo por seis años, en 2024 deberá entregar su lugar a quien resulte electo en los comicios presidenciales.

Otro clavo de gran importancia consistió en la destitución del presidente del Tribunal Federal Electoral, después de una votación aplastante de los magistrados para alcanzar ese objetivo. Si no existe apoyo legal o una interpretación jurídica para fundar la justificada remoción, la verdad es que el presidente de dicho tribunal, debería dimitir a su cargo para continuar con los asuntos, ciertamente delicados, relativos a la administración de justicia electoral. La renuncia del magistrado presidente es una cuestión de tiempo, por lo que López Obrador habrá perdido dos aliados imprescindibles para poder seguir desmontando las instituciones republicanas.

La división de poderes subsistió desde que en las elecciones del 6 de junio, López Obrador no logró la mayoría calificada para modificar la Constitución a su antojo o si hubiera sido el caso, promulgar una nueva con fines dictatoriales de los que muy pocos quisieran acordarse.

¿Más clavos? Si las elecciones y la reciente consulta popular hicieran las veces de referéndum para calificar, más allá de las encuestas, la aceptación de López Obrador, entonces no perdamos de vista que en los comicios del 2018, aquél ganó con 30 millones de votos, sí, pero en las intermedias del 2021, Morena, sin aliados, obtuvo casi 18 millones, o sea el Presidente perdió 12 millones de electores. Pero hay más: en la consulta para “juzgar a los presidentes” –una broma de mal gusto– solo votaron, si acaso, 7 millones. ¿Se vale la interpretación? La dejo en manos del lector.

La desaparición de los organismos autónomos ya no se dará porque requeriría reformas constitucionales de imposible ejecución. AMLO está maniatado legalmente. Desde el punto de vista económico, si bien le va a México, con lo que resta de la 4T, no creceremos en promedio más allá del 1% anual. Por otro lado, resulta evidente que tarde o temprano México irá a dar a las cortes internacionales por violaciones al T-Mec. ¿Acaso se puede gobernar como si las leyes y los tratados no existieran?

Que López Obrador cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso, sí, en efecto así es, pero no se debe perder de vista que también existen jueces dotados de una herramienta mágica para detenerlo: el amparo.

No hay enemigo pequeño, lo sé, pero el margen de maniobra del Presidente se ha disminuido drásticamente: el daño social entre los pobres ha sido estremecedor y los perjucios en el sector empresarial serán irrevesibles a corto plazo, para ya ni hablar de la tragedia sanitaria ni de la catástrofe en materia de seguridad.

Basta con analizar las expresiones faciales del Presidente en sus conferencias “mañaneras” sin dejar observar su lenguaje y sus “carajos”, un gigantesco nivel de desesperación que permite concluir que la 4T ya se acabó.