Para el analista político Federico Berrueto Pruneda, el propósito de la consulta popular del primer domingo de agosto no era actuar judicialmente contra los últimos presidentes (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto), sino desacreditar al Instituto Nacional Electoral (INE) y preparar el terreno para que el sucesor de Lorenzo Córdova «sea funcional al interés electoral del presidente López Obrador con vistas a los comicios de 2024». Berrueto anticipó el fiasco del referéndum y el resultado «abrumadoramente favorable al “Sí”». El siguiente paso será «una nueva campaña para justificarse a partir de la condena pública del pasado», declaró Berrueto a Código Libre Radio por Internet, en vísperas del plebiscito.

Los consejeros del INE son elegidos por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, previa evaluación de un consejo técnico nombrado por la Junta de Coordinación Política, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Siete de los 11 consejeros en funciones llegaron al cargo con el apoyo del PRI y el PAN, en el gobierno de Peña Nieto. El periodo de Lorenzo Córdova y de Ciro Murayama, contrarios a las posturas del presidente López Obrador, terminará en 2023. AMLO insiste en la necesidad de reformar al Instituto.

Mario Delgado, líder de Morena, apunta en la misma dirección. «No les gusta -a veces- a algunos que digamos que la autoridad electoral tiene que renovarse, porque no está a la altura del momento histórico que vive nuestro país, del deseo del pueblo de México de vivir en democracia, y una vez lo demuestran. Después del papel que tuvieron en esta elección del 2021, haciéndole el juego al PRIAN, ahora están -claramente- obstaculizando este ejercicio» (Forbes, 27.07.21). El INE realizó el plebiscito con cargo a su presupuesto anual. La Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda le negaron la ampliación de 528 millones de pesos solicitada para el ejercicio.

Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica y crítico del presidente López Obrador, dice que el Gobierno y Morena responsabilizan al INE del fracaso. De esa manera buscan «exculparse por la pésima movilización de su partido en la pretensión de legitimar la consulta». Para el exasesor de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI asesinado en 1994, el problema fue «la falta de interés» de la ciudadanía. «No hay ingenuidad», advierte. «Condenar al pasado es legitimar al presente, por ominoso que este sea. En la consulta no solo hay mucha politiquería, utilizando la expresión del presidente López Obrador, sino también hipocresía».

La mayoría de las causas criminales contra los predecesores de AMLO han prescrito, apunta. En el caso de Peña Nieto, mucho «podría hacerse en el frente judicial (…); sin embargo, no se actúa. También el expresidente Carlos Salinas de Gortari participó en negocios en el pasado reciente, actividades, muchas de ellas, de dudosa legalidad; sin embargo las autoridades no han actuado a pesar de que tienen pruebas».

La conclusión de Berrueto es demoledora: «La perversión de la democracia es el legado de este Gobierno. La democracia directa de la Cuarta Transformación ha sido una burla y un medio recurrente para engañar y manipular. Por ahora queda claro que la ley no se vota, mucho menos el ejercicio de la justicia penal para quienes han actuado en contra de la ley. Así vale con todos, expresidentes o no, incluso, ¿por qué no?, en su momento, contra López-Gatell y el mismo López Obrador».