Ricardo Anaya denunció mediante un video de casi 8 minutos, que desde hace un mes, López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República, ir en contra suya tomando como base las declaraciones del exdirector de la paraestatal Pemex, Emilio Lozoya, acusado de corrupción.

“Con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos ‘balines’. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala”, dijo Anaya en un video que publicó en redes sociales y añadió: “Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”.

En su explicación, Anaya Cortés señaló el sábado que el expediente fue mal estructurado, y dijo que lo alteraron, ya que antes decía que Lozoya le había entregado dinero cuando él era diputado, el 8 de agosto de 2014. “Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México”.

Ante ese escenario, dijo que se defenderá y presentará pruebas contundentes para desenmascarar el proceso judicial que quieren abrir en su contra. Por ello avisó que tendrá que estar fuera de México una temporada.

Aunque dijo que no es lo que le hubiera gustado. “En lo personal y sobre todo en lo familiar es una decisión bien dura, pero a ese nivel se está degradando la política en México y por ahora no hay de otra, porque si me dejo me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años”.

Por supuesto que las voces opositoras en nuestro país no se hicieron esperar, como la de Felipe Calderón, que desde Twitter enfatizó sobre esta situación diciendo que, “lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores”.

También dos alcaldes electos en la Ciudad de México se pronunciaron en contra de las acciones del Gobierno federal. Por ejemplo, Mauricio Tabe, alcalde electo en Miguel Hidalgo, afirmó que el Gobierno federal hace un “uso faccioso de la
justicia”.

“Ya lo ha denunciado el propio Ricardo Anaya, cómo han triturado los expedientes de los cuales se le denuncia. Si algo ha caracterizado a este Gobierno –y esto lo digo a título personal– es el uso político y discrecional de las instituciones, de cualquiera, y su manipulación”, aseguró durante una conferencia de prensa junto a otros integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México.

Pero esta historia de persecución no es nueva en Latinoamérica, y lo que en democracia es un derecho al ser oposición, en regímenes dictatoriales como el de López Obrador, puede ser motivo de prisión. Ahí les van algunos ejemplos de lo que ocurre en América Latina, los gobiernos autócratas tienen “estas mañas” pues envían sistemáticamente a sus opositores a la cárcel. Desde ciudadanos, dirigentes estudiantiles o líderes de partidos políticos de oposición pueden terminar arbitrariamente detenidos, simplemente por criticar y pensar distinto al Gobierno actual.

Desde grafiteros, como el cubano Danilo Maldonado, quien pasó dos meses preso por escribir “Se fue”, tras la muerte de Fidel Castro, sobre paredes de edificios de La Habana. Ya antes había estado otros 10 meses en la cárcel, sin cargos ni juicio, por pintar los nombres Fidel y Raúl en dibujos de cerdos.

Son víctimas de persecución política por un régimen usualmente dictatorial, que los reprime por el hecho de convocar a una manifestación pacífica, publicar un artículo crítico del Gobierno, sacar un video en redes sociales, ejercer el derecho de reunión o de asociación o fundar un organismo que el Gobierno persigue.

Fíjese estimado lector, para que nos demos cuenta lo que ocurre en México, en Cuba, Nicaragua y Venezuela, es común tener presos políticos. Estos son países en donde hay una gran concentración de poder, no hay un Poder Judicial ni Legislativo independiente y el ciudadano o el opositor está expuesto al arbitrio de la autoridad y muchas veces estos terminan en prisión, acusados de todo tipo de delitos, usualmente fabricados.

Una de las fórmulas habituales es el cargo de responsabilidades terroristas o contrarias a la seguridad nacional, o como ocurre en México: por actos de corrupción. Las cifras de reos políticos varían permanentemente en Latinoamérica, pues mientras algunos son liberados, otros ingresan a prisión, pero al final se mantienen los mismos patrones comunes en las detenciones, cargos y modalidades del proceso, o más bien, la falta de uno justo.

Es por estas razones que lo que ocurre con Ricardo Anaya es grave y no es más que una persecución política que busca quitarlo del camino rumbo al 2024. A final de cuentas creo que se repondrá y demostrará, no solo que es inocente, si no que la fabricación del expediente estaba ridículamente “hecho con las patas”. Es por ello que los ciudadanos no podemos ser apáticos ni ciegos de lo que ocurre en México, en 2024 tenemos la oportunidad de dar un manotazo en la mesa y corregir el rumbo de nuestro país.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.