Missouri.- El propietario de decenas de restaurantes mexicanos en Estados Unidos, en varios estados, junto con el presidente, director financiero, controlador y gerente de ventas de la empresa se encuentran entre los 19 acusados de una conspiración federal de crimen organizado para contratar trabajadores indocumentados.

También entre los acusados se encuentran ocho gerentes actuales o anteriores de restaurantes ubicados en Butler, Springfield, Lebanon, West Plains, Willow Springs y St. Robert en Missouri; y en Overland Park, Great Bend y Augustus en Kansas.

Los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con la ayuda de numerosas agencias locales, estatales y federales, ejecutaron una serie de órdenes de registro hoy en 10 ubicaciones en Missouri, Kansas y Oklahoma. Hasta ahora, agentes federales han arrestado a 14 de los 19 acusados.

José Luis Bravo, 51, ciudadano estadounidense naturalizado, de Claremore, Oklahoma; José Guadalupe Razo, 51, ciudadano estadounidense naturalizado, de Carl Junction, Mo; Anthony Edward Doll, 43, ciudadano de Guatemala, y Miguel Tarin-Martinez, 42, ciudadano estadounidense naturalizado, ambos de Joplin, Missouri; Antonio Martinez-Munoz, 44, ciudadano estadounidense naturalizado, de Broken Arrow, Oklahoma; Eusebio Ramirez-Ceja, 50, ciudadano mexicano residente en Mountain Home, Arkansas; Oscar Adrián Molina-Angulo, 38, ciudadano mexicano residente en Butler, Mo.

Rodrigo Manrique Razo, 38, ciudadano estadounidense naturalizado, de Great Bend, Kansas; Alejandro Castillo-Ramirez, 39, ciudadano mexicano residente en Augusta, Kan .; Juan Carlos Palma-Cedeño, 36, ciudadano de México residente en Claremore, Oklahoma; Ramon Moreno-Hernandez, 39, ciudadano de México que reside en Nevada, Missouri; José Luis López-Valadez, 41 años, ciudadano estadounidense naturalizado, de West Plains, Mo .; Lorenzo Castro-Manzanarez, 39, ciudadano de México que reside en St. Robert, Missouri; Jaime Ramirez-Ceja, 42, ciudadano mexicano residente en Lebanon, Missouri.

José Luis Rodríguez-Valerio, 57, ciudadano estadounidense naturalizado, de Tulsa, Oklahoma; Veronica Razo De Lara, 46, ciudadana estadounidense naturalizada, de Great Bend, Kansas; Edgar Perez-Perez, ciudadano de Guatemala que reside en Chattanooga, Tennessee; Bernardo Rivas-Gomez, 48, ciudadano de Guatemala que reside en Elizabeth City, Carolina del Norte; y Daniel Rivas-Carrillo, 23, ciudadano de Guatemala que reside en Elizabeth City, NC; fueron acusados en una acusación formal de 64 cargos devuelta bajo sello por un gran jurado federal en Kansas City, Missouri, el 10 de agosto de 2021.

Esa acusación fue revelada y se hizo pública hoy tras los arrestos y comparecencias iniciales de los acusados en la corte.

La acusación federal alega que 17 de los 19 coacusados formaron parte de una empresa delictiva organizada desde julio de 2003 hasta el 10 de agosto de 2021, que traficaba con nacionales mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños que no estaban autorizados a vivir o trabajar en los Estados Unidos. Estados.

Los conspiradores supuestamente los albergaron en Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma. Bravo, Doll, Tarin-Martinez y Jose Razo crearon una red de restaurantes que operan como LLC en estados de todo el Medio Oeste.

Bravo y sus co-conspiradores supuestamente proporcionaron trabajadores indocumentados a estos restaurantes para los puestos de personal en los restaurantes. Según la acusación formal, los conspiradores no pagaron los impuestos sobre la nómina estatales y federales correspondientes, los salarios por horas extra y la compensación laboral para los empleados no autorizados.

Además del contrabando y el refugio de trabajadores indocumentados, la acusación formal alega que la actividad de crimen organizado incluyó fraude (en relación con documentos de identificación), fraude y uso indebido de visas y otros documentos, y lavado de dinero.

Los miembros y asociados de la empresa criminal protegieron a los empleados no autorizados de la detección por parte de las autoridades de inmigración al eliminar los registros de su empleo, pagarles con cheque personal y en efectivo, sin mantener los Formularios I-9 completos y precisos y los informes de salarios y horas requeridos para estos empleados.

Ayudándoles con la adquisición de documentos de identificación falsos (como números de Seguro Social y documentos de residentes extranjeros) y haciendo declaraciones falsas a las autoridades de inmigración y agentes del orden.

Bravo, identificado en la acusación como el líder de la empresa, es el propietario de la distribución de alimentos especializados en Joplin. Bravo también es propietario de un grupo de restaurantes registrados como Bravos Group, LLC, incluidos El Charro, El Charrito, Playa Azul, Itza, LLC, Cantina Bravo y El Chango.

Specialty Food Distribution es un distribuidor mayorista de alimentos, suministros y equipos para restaurantes en todo el Medio Oeste. La distribución de alimentos especializados también brinda apoyo administrativo y contable a los restaurantes en las áreas de nómina, seguros, licencias, impuestos y servicios legales.

Varios restaurantes atendidos por Specialty Food Distribution presuntamente emplearon a extranjeros que no estaban autorizados para trabajar en los Estados Unidos.

Según la acusación formal, 31 compañías de responsabilidad limitada (LLC) operaban 45 restaurantes mexicanos en varios estados y al menos 11 compañías adicionales estaban involucradas en el suministro y la logística de restaurantes, bienes raíces y construcción.

Con información por Debate.