Vaya lío en la clase política estatal y en el priismo, por las versiones del supuesto cambio en la dirigencia estatal. Hay quienes dan por hecho que Rodrigo Fuentes Ávila, “Rigo”, para los cuates, dejará la presidencia del Comité Directivo Estatal para concentrarse en la actividad legislativa y que su lugar tiene reservación a nombre de Francisco Saracho Navarro.

El detalle es que es el mismo titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social quien se encargó de difundir tal especie y no son pocos sus compañeros de gabinete y dirigentes de sectores en el PRI, a los que les ha hecho creer que tiene la venia para llegar a la dirigencia estatal. Quién sabe si sea cierto, o no, pero, como dice el dicho, del plato a la boca, se cae la sopa. Eso a veces pasa.

Puros mejoralitos 

Son días cruciales para Coahuila. El futuro presupuestal se debate desde ya y saber qué tanto intervienen o no los diputados federales para defender los recursos y proyectos del estado, será determinante. Hay algunos, como Lenin Pérez Rivera, que prefirieron regresar y en pleno debate presupuestal, se reportó desde Acuña. Hogar, dulce hogar.

La que dio las buenas nuevas sobre las asignaciones amarradas para Coahuila fue la senadora Verónica Martínez.

Este jueves se reunió, junto con algunos de sus colegas, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y Raquel Buenrostro, del Servicio de Administración Tributaria, de ahí que trae datos de primera mano sobre los proyectos autorizados para Coahuila.

Ni siquiera cerca 

De acuerdo con Verónica Martínez, por ahora hay asignados 48 millones de pesos para la Clínica 7 del IMSS en Monclova; 43 millones, para 10 consultorios médicos en la unidad La Joya, del IMSS, en Torreón; 103 millones para remodelación de la clínica de especialidades 71, en Torreón y para allá mismo, 2 mil 300 millones para el proyecto Agua Saludable.

Hay además 100 millones para remodelar la carretera Saltillo-Zacatecas y 166 para hacer lo mismo, pero en el libramiento Norponiente de Saltillo.

El caso es que las necesidades son muchas y la inversión que se proyectó para el estado no está ni siquiera cerca de lo que se necesita.

Para policías, nada 

Aun con la crisis de inseguridad en el país, el Gobierno le volvió a dar la espalda a las policías estatales y municipales, esta vez, en las asignaciones dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

En estados como Coahuila, queda claro que son las corporaciones estatales y municipales las que llevan a espaldas las tareas preventivas y detenciones de presuntos delincuentes, en 80%, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con todo y eso, no se restableció el Fortaseg y, por el contrario, la mayor parte del presupuesto fue destinado por Andrés Manuel López Obrador a las fuerzas armadas, a razón de, nada más y nada menos, 141 mil 858 millones de pesos para la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Sedena, y para las policías locales de todo el país se limitó a 7 mil 988 millones. Y todavía dicen que no se trata de militarizar el país.

A esperar 

Como estaba previsto, en el Palacio de Coss se reunieron diputados locales y representantes del Poder Judicial del Estado para revisar alternativas de seguimiento a la despenalización del aborto. Los presidentes de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal y del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Olmos Castro y Miguel Felipe Mery Ayup, laguneros ellos, coincidieron en que no hay de otra, más que esperar a que llegue la resolución, para agendar las reformas al Código Penal y en su caso hasta la Constitución Política del Estado que resulten necesarias.

Hay coordinación entre los poderes Legislativo y Judicial y eso es importante para atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia.

Casa llena 

En el encuentro en el Palacio de Coss también estuvo el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández; los magistrados Miguel Mery; María Eugenia Galindo Hernández, presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar; y Juan José Yáñez Arreola, presidente de la Sala Colegiada Penal.

Por el Legislativo, además de Eduardo Olmos, el coordinador de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Ricardo López Campos y las diputadas Guadalupe Oyervides, Luz Elena Morales y Bárbara Cepeda, entre otros.