Ciudad de México.- El SAT llevó contra las cuerdas a Juan Manuel Márquez, cuatro veces campeón mundial de boxeo, en distintos pesos, y con golpes legales lo dejó fuera de combate.

La Suprema Corte desechó la última oportunidad que le quedaba al pugilista para impugnar un adeudo fiscal de 12.4 millones de pesos por impuestos no pagados, fincado por el SAT en 2016 y confirmado por el órgano tributario en abril de 2019.

Dos instancias judiciales habían avalado la actuación del SAT, mientras que la Corte rechazó revisar esas sentencias, y la presidencia del máximo tribunal desechó el 17 de septiembre, por improcedente, el reclamo de los abogados del ex campeón.

Los impuestos omitidos por Márquez correspondieron al ejercicio fiscal de 2012, cuando el SAT le determinó ingresos no declarados por 52 millones de pesos, que tuvieron dos orígenes distintos.

Por una parte, el pago de 5 millones de dólares por su pelea del 12 de noviembre de 2011 contra el filipino Manny Pacquiao en Las Vegas.

Por la otra, 11.6 millones de pesos en depósitos en cuentas bancarias de Márquez en México, producto de supuestas ventas de departamentos, de las que sólo se presentaron contratos privados, pero sin que fueran aportadas las respectivas escrituras ante notario público.

Abogados de Márquez alegaron que, de los 5 millones de dólares de la pelea con Pacquiao –entonces equivalentes a 65.7 millones de pesos– el Servicio Tributario Interno de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) descontó de inmediato 1.5 millones de dólares, y sumadas otras deducciones, el boxeador sólo recibió 40.3 millones de pesos en su cuenta en México, en enero de 2012.

Mientras Márquez sostuvo que ya había pagado impuestos por este ingreso, el SAT concluyó que en su declaración anual sí debió incluir los 65.7 millones como un ingreso acumulable, para después descontar lo cobrado por el IRS, y pagar impuesto en México sólo sobre el monto restante.

Como no es un asunto penal, el pugilista originario de Iztacalco, puede pagar voluntariamente la deuda y no hay plazo para ello, pero si no lo hace el SAT puede ejecutar el cobro sobre sus cuentas bancarias.