María Idalia Salgado viajó en el avión de un empresario y perdió su empleo como directora general de Verificación Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México. Tenía un año en el cargo. El consejero jurídico Héctor Villegas, renunció por la misma causa. “Aquí hay un código de ética muy estricto, así que la corrupción no se vale, y el conflicto de interés, tampoco”, declaró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando aún no era candidateada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la sucesión de 2024.

“A ella y a Héctor los conozco del movimiento estudiantil del 68 (…) eran dirigentes (…) de la Facultad de Derecho, pero aunque sean amigos o conocidos (…) aquí hay que ser rectos o ser rectos, no hay de otra”, sentenció.

En el Gobierno de Peña Nieto, helicópteros de la Fuerza Aérea eran utilizados para trasladar a sus compañeros de golf, como el líder senatorial Emilio Gamboa. David Korenfeld renunció el 9 de abril de 2015 a la dirección de Conagua, tras ser exhibido en redes sociales mientras abordaba una aeronave de la dependencia para trasladarse al aeropuerto de CDMX. Argumentó problemas de salud, pero después se supo que viajó a Vail, Colorado, con su familia.

El periodista y escritor, Eduardo R. Huchim, dice en su columna, Presidente de Corbata Torcida: “Probablemente el propio Mandatario está consciente de que falta mucho para lograr una transformación amplia, no solo porque el “ancien régime” se resiste a irse, sino también porque muchos de quienes llegaron con AMLO al Gobierno, no han sido inmunes a las seducciones y privilegios de la antigua manera de ejercer el poder” (Reforma, 07.09.21). López Obrador desapareció el Estado Mayor presidencial, prescindió de los aviones oficiales, viaja en líneas comerciales y sin comitivas numerosas, las cuales casi siempre eran inútiles.

“La gran diferencia con el pasado –apunta Huchim– es que desde la presidencia ya no se conspira contra la nación ni se diseñan estrategias para apropiarse de jirones del tesoro público. Tampoco se autorizan gastos dispendiosos para la autocomplacencia y la vanidad. Y este conjunto virtuoso permea, así sea por goteo y no caudaloso, a la estructura gubernamental. No es lo mismo tener en la presidencia a un narciso corrupto y corrompedor que a un político de espíritu franciscano a quien no le preocupa llevar torcido el nudo de la corbata”.

La inercia del gasto y el derroche todavía arrastra a amplios sectores de la administración pública. La resistencia al cambio es mayor en estados donde la falta de equilibrios políticos produce gobiernos autócratas como el de Rubén Moreira, quien encubrió la deuda adquirida irregularmente por su hermano Humberto, desvió más de 700 millones de pesos a empresas fantasma –de acuerdo con una investigación del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte– y manejó las instituciones a su arbitrio. El escándalo por los 31.5 millones de pesos pagados por Altos Hornos de México, en 2014 a la primera autoridad del Estado es oprobioso y debe ser investigado.

Si los 15 gobernadores cuya gestión ha iniciado ya en algunas entidades –11 de los cuales pertenecen a Morena– atienden el llamado del presidente López Obrador para denunciar y emprender acciones legales por actos de corrupción de sus predecesores, en vez de convertirse en tapaderas, darán el primer paso para sanear la vida política en los estados, desmontar las estructuras de impunidad y romper las redes de complicidad entre los poderes público y privado.

Una de las prioridades de la cuarta transformación consiste justamente en erradicar los cacicazgos locales que lastran al país.