Once gobernadores de los 15 electos a mediados de año ya entraron en funciones; el resto asumirá entre el 28 de octubre y 1 de noviembre. ¿Qué encontraron? Deudas y arcas vacías. No tienen dinero para pagar sueldos, pensiones ni facturas. La chihuahuense María Eugenia Campos (PAN) fue la primera en demostrarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ella no será tapadera.

Su predecesor y correligionario le heredó deudas por 11 mil millones de pesos con proveedores. “El Gobierno de Javier Corral vivió de créditos a corto plazo y, cuando no se pudo endeudar más, empezó a sobrevivir de fiado” (Reforma, 09.09.21), acusó.

Idéntico clamor se escucha en el resto de la República, con más o menos vigor. La deuda bancaria y bursátil de los estados que estrenan gobernador (la mayoría de oposición) suma casi un cuarto de billón de pesos, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda. El presidente López Obrador, les ha pedido ser austeros y denunciar las irregularidades de sus antecesores.

El Gobierno federal, dice, no solo entrega con puntualidad las participaciones y fondos a los estados y municipios, sino que también “ayuda con recursos adicionales”. En Coahuila se refuta insistentemente esa aseveración.

En la “mañanera” del 30 de septiembre, López Obrador recomendó a los mandatarios de Chihuahua (PAN), Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas (Morena) y San Luis Potosí (PVEM), quienes recién habían rendido protesta, invertir las transferencias federales en obras y servicios de impacto social. El presupuesto –señaló– muchas veces se utiliza para comprar vehículos de lujo y pagar asesores (algunos de los cuales también son funcionarios), entre otros conceptos innecesarios, sin beneficiar a la gente. Además, los gobernadores desvían miles de millones de pesos a empresas fantasma.

Es injusto –abundó el Presidente– que mientras el Gobierno federal ahorra, los gobiernos estatales y municipales vivan “en jauja (…), gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante, indispensable”. Asimismo, criticó los altos sueldos de presidentes municipales y regidores, los viáticos y cualquier derroche.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”. La cuarta transformación se aprieta el cinturón, fija topes salariales y desaparece organismos, y lo mismo espera de los gobiernos locales. Sin embargo, las inercias y la oposición le cierran las puertas a la “austeridad republicana”.

Entre las reformas orientadas a generar ahorros está pendiente la reducción del número de diputados plurinominales (ahora son 200) y de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). También se busca recortar 50% el financiamiento público a los partidos y suprimir los institutos electorales en los estados para dejar al INE la organización de todos los procesos.

El Sistema Nacional Antico-rrupción y el INAI –así como sus equivalentes en los estados– son otras entelequias en el punto de mira de la 4T por simuladores, onerosos e inútiles. López Obrador propone que las faltas de los servidores públicos sean conocidas por una sala adscrita al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los gobernadores tienen mucha tela que cortar en los organismos “autónomos”. El año próximo tampoco recibirán más participaciones y, en la circunstancia actual, aumentar impuestos o contratar más deuda sería política y financieramente suicida.