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Grupo Zócalo
Publicado el sábado, 30 de octubre del 2021 a las 14:55
España.- La excarcelación en abril de 2020 de Francisco Javier Almeida, detenido el pasado jueves por la muerte en Lardero (La Rioja) de un niño de nueve años, Álex, se produjo en medio de las discrepancias entre los organismos encargados de concedérsela.
La Junta de Tratamiento Penitenciario de la cárcel donde se encontraba entonces, El Dueso (Cantabria), el órgano a quien corresponde clasificar a los internos en los distintos grados e informar sobre sus avances o retrocesos de grado según su evolución, se opuso en febrero de 2020 a concederle el tercer grado y por tanto la libertad provisional.
La decisión de la Junta, que se tomó por mayoría aunque con diferencias entre los distintos técnicos que evaluaron a Almeida, fue recurrida ante Instituciones Penitenciarias.
Este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, resolvió en febrero del año pasado a favor del reo y le concedió el régimen abierto. Por entonces, Almeida, que había sido condenado a 30 años por un delito de agresión sexual y asesinato cometido en 1998, ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena y había disfrutado de permisos -hasta 39 se le concedieron- sin incidencias.
Dos meses después del visto bueno de Instituciones Penitenciarias, en abril de 2020, el juez de vigilancia penitenciaria de La Rioja, comunidad a la que Almeida había sido trasladado, refrendó el paso de Almeida del segundo a el tercer grado y la Fiscalía no se opuso por lo que le fue autorizado.
Almeida, que cumplía la totalidad de la pena en 2023, ya había solicitado el tercer grado en 2017, cuando llevaba 19 años en prisión y tenía cumplida tres cuartas partes de la pena. Entonces, también con el informe desfavorable de la Junta de Tratamiento, no se le concedió.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido hoy al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que suma “responsabilidades” y dé explicaciones sobre “por qué un asesino tenía un tercer grado cuando la propia Junta de Tratamiento lo denegó”.
Gamarra trasladó además “el compromiso de su partido de fortalecer el estado de derecho y el endurecimiento de ciertas penas que son absolutamente necesarias”. “Hay que dar respuesta a una sociedad que está llorando mucho y tiene mucha rabia dentro”, concluyó.
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