Al paso que vamos, el panorama para la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador se le complica cada vez más. Ni la defensa a ultranza del Mandatario y sus colaboradores e ideólogos, ni la intensa operación ordenada en medios y redes sociales a favor de la propuesta presidencial promoviendo el tema de la “soberanía energética”, está logrando que el modelo estatizador, que devolvería un control casi monopólico a la CFE, entusiasme y convenza no solo a los mexicanos sino a los mercados, y ahora tampoco al Gobierno de los Estados Unidos, que cuestiona los efectos negativos que traería la propuesta lopezobradorista en un aumento de las emisiones contaminantes de México y también un incremento de tarifas eléctricas.

Y si en vez de darle más control a CFE, ¿la reformamos?

Desde este espacio se plantean y sugieren a los diputados y senadores de la oposición algunas reformas como contrapropuestas a la reforma constitucional de López Obrador enfocadas a: 1) mejorar el servicio, 2) garantizar mayor eficiencia, 3) acabar con cobros excesivos, 4) hacer justicia a los estados que aportan sus recursos naturales y 5) popularizar las energías limpias y baratas.

REFORMA para que ningún hogar y ningún negocio en el país sea víctima de cobros excesivos en su recibo de luz, no pague un centavo y su servicio no pueda ser cancelado por la CFE mientras se resuelve su queja.

REFORMA para establecer un programa de indemnizaciones a usuarios de la CFE (hogares y negocios) que sean víctimas de apagones atribuidos a la ineficiencia de la empresa, al mal estado de la infraestructura y a la acción perezosa de la empresa para atenderlos y resolverlos de inmediato.

REFORMA para otorgar tarifas preferenciales de luz a aquellos estados de la República donde la CFE extrae recursos naturales o provoque una alta contaminación por la operación de sus centrales.

REFORMA para que un porcentaje de los millonarios recursos destinados a subsidios de luz sean destinados a subsidiar la adquisición e instalación de millones de paneles solares.

REFORMA para que un porcentaje de los excedentes petroleros se destinen al presupuesto de la CFE para invertirlos en plantas de energías renovables por todo el país en coinversión con estados y municipios.

REFORMA para que CFE implemente un programa emergente para eliminar los llamados “diablitos” de luz que se calculan en 75 mil en toda la República y que generan pérdidas por 25 mil millones de pesos anuales.

REFORMA para crear un programa de regularización de pago y reestructuración de deudas de luz con entidades del Gobierno federal, estados y municipios deudores que se calcula en 64 mil millones de pesos.

REFORMA para crear el ombudsman de la luz, un defensor de los usuarios de energía eléctrica tanto de CFE como de empresas privadas que sea autónomo, nombrado por el Senado y que cuente con todos los dientes para proteger a los usuarios de abusos y arbitrariedades, y que sus resoluciones tengan peso moral y puedan ser vinculantes.

Todo lo anterior se sustenta en la premisa de que los mexicanos no están tan entusiasmados de regresar al monopolio de la CFE, pero sí apoyarían reformas que mejoren el servicio y acaben con cobros excesivos. ¿Qué le conviene más al país y a los mexicanos? ¿Una empresa estatal casi monopólica y muy soberana pero ineficiente, costosa, quebrada y que genere energía limpia mientras mantiene su tradición de abusos y prepotencia para la población y sus usuarios? o ¿una empresa reformada y eficiente que atienda los reclamos de sus usuarios, genere y apoye la generación de energía limpias, autofinanciable y financieramente sana y competitiva en un mercado eléctrico controlado y regido por el Estado mexicano?… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana de Altibajos.