Ciudad de México.- Con la irrupción de la pandemia de Covid-19 se interrumpieron diversas acciones de gobierno, entre ellas la ejecución de los proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, lo que provocó dificultades administrativas para las alcaldías, pues los plazos para su planeación se ven rebasados y amenazan de nuevo su ejecución.

En ese sentido, el Congreso local aprobó una modificación a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicada el pasado 31 de diciembre de 2018.

La diputada, Valentina Batres Guadarrama, de Morena, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presentó el dictamen en el que se refiere:

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Dado el contexto pandémico, dicho presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020 no pudo ser ejercido, debido a que fue imposible la realización de las asambleas presenciales requeridas para nombrar a las personas integrantes del Comité de Ejecución y del Comité de Vigilancia, a que hacen referencia los artículos 119 y 132, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México”.

Por otro lado, el pasado 1 de octubre rindieron protesta las personas titulares de las alcaldías, quienes tienen poco tiempo para cumplir lo establecido en la Ley de Austeridad debido a que los plazos señalados están a punto de cumplirse.

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Por tanto, estiman necesario llevar a cabo una reforma legal que permita adecuar el marco jurídico a las necesidades demandadas por la ciudadanía”, sostiene el texto del dictamen.

En consecuencia, con 49 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen para que los titulares de las 16 alcaldías comprometan a más tardar el 30 de noviembre de 2021, recursos para la aplicación del presupuesto participativo 2020 y 2021.

De tal suerte se adicionó un noveno transitorio en el que se establece:

Por única ocasión, las alcaldías podrán comprometer recursos a más tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los conceptos de gasto a que se refiere el artículo 63, párrafo segundo de la presente Ley. Los compromisos que se establezcan en el periodo señalado deberán estar efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2021, indica el texto.