Ha sido una práctica común de los gobiernos minimizar los riesgos que, de cuando en cuando, inciden sobre la sociedad. Temen que las amenazas que conllevan agiten los ánimos a un grado tal que la situación se salga de control. Ese, me parece, ha sido en México el caso de la pandemia causada por el coronavirus.

Hace dos años, por estas mismas fechas, empezó a rodar la noticia de que había surgido, en algún lugar de China, un “nuevo” virus que, según las primeras especulaciones, podría haber pasado de los murciélagos a los humanos a través de una sopa preparada con ese animal, a la que los chinos serían afectos.

Con las primeras noticias, en todo el mundo surgió también la confusión, de la gente y de las autoridades, porque nadie sabía bien a bien lo que había que hacer para frenar la pandemia y resolver los graves problemas que ocasionaba.

No había remedio para el mal ni, por supuesto, vacuna que lo previniera.

Tampoco experiencia específica respecto de su manejo.

Hoy, apenas un bienio después, cuando se temía el arribo de una cuarta embestida de virus en todas partes, y se tomaban medidas para aminorar sus efectos, crece la alarma porque apareció, al sur de África, una mutación del virus original, a la que se le ha dado el nombre de Omicron, y ha dado muestras de ser más agresiva que las anteriores mutaciones, incluso han surgido dudas sobre la efectividad de las vacunas existentes para detener la enfermedad o aminorar sus efectos.

La incertidumbre, el miedo, los deterioros de las condiciones económicas y sociales, así como algunos otros factores, se van conjugando en esta hora y agudizan el arribo de la tan temida crispación social que, como suele ocurrir, frente a la desesperación de la impotencia, vuelve la cara a la autoridad y la culpa del deficiente manejo de la crisis –mucho de cierto hay en ello– al tiempo en que le exige mayor eficacia al combatir las varias crisis que la pandemia ha desatado y puede desatar.

Si los países de Europa están aterrados frente al panorama, México debiera, cuando menos, enfrentar el problema con mayor seriedad, con más sensatez, porque sin duda es todavía más vulnerable que aquellos países. Los daños podrían llegar a ser irreparables.

En esa perspectiva, hay responsabilidades que atañen al Gobierno, en sus diferentes instancias, sí, pero también a los gobernados, porque a fin de cuentas es una función individual la de adoptar las medidas precautorias diseñadas por la Organización Mundial de la Salud e impulsadas por los gobiernos, que ningún efecto podrán tener si no son llevadas a la práctica personalmente: uso de cubrebocas, sana distancia, aseo y evitar reuniones masivas, especialmente en recintos no ventilados.

Las políticas públicas son instrumentos para resolver problemas públicos, como el que nos ocupa, y cabe la integración de varias cuando el problema planteado es complejo, no obedece a una causa única o sus efectos repercuten en varios campos del quehacer social, como también ocurre.

Se requerirán entonces “espacios” de políticas públicas, cada una y todas sujetas a reglas técnicas en su diseño, ejecución y evaluación, una de las cuales es, inevitablemente, la de incluir, entre los actores, a los afectados por el problema y su solución integral.

Nada podrá lograrse al enfrentar a esta nueva cepa, y no solo a la temida “cuarta oleada”, si la ciudadanía no asume su responsabilidad y adopta, con disciplina, casi ritualmente, esas muy sencillas medidas preventivas, en adición a la vacunación, frente a la cual hay todavía reticencia de amplios sectores.

No es momento de abanderar o esgrimir dudosas teorías de un improbable “complot” para dominar al mundo mediante la inoculación de no se qué adminículos más propios de la ficción que de la ciencia.

A fin de cuentas, la responsabilidad de cuidarse es de uno mismo; cumpliéndola, se cumple también con la de cuidar a todos.