Olvídese usted, solo por hoy, de los hermanos Moreira. Deje a un lado al exgobernador Jorge Torres López. Ignore la deuda que asfixia las finanzas públicas estatales y se terminará de pagar a los bancos, si no sucede nada extraordinario, en 2048.

Pero centrémonos, en cambio, en el tamaulipeco Héctor Javier Villarreal. Y particularmente lo que se conoce como “justicia” y que Ulpiano, jurisconsulto romano, definió hace casi 2 mil años como, “dar a cada quien lo que le corresponde”.

Si ya no recordaba el caso, a vuelapluma van sus detalles: bajo su responsabilidad como secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), 6 mil 300 millones de pesos en créditos fueron contratados con documentos apócrifos (falsificando decretos aprobados por el Congreso y publicados en el Periódico Oficial). Todo esto, cabe señalar, a nombre de la Administración estatal.

Así, Bancomer prestó mil 650 millones de pesos el 2 de diciembre de 2009. Santander mil 100 millones, el 12 de julio de 2010. El 2 de septiembre del mismo año, Bancomer dio un contrato más, esta vez por 550 millones de pesos. Para cerrar el año Banco del Bajío, liberó mil millones de pesos el 16 de diciembre. Ya en 2011, el 28 de marzo, otros 2 mil millones de pesos fueron adjudicados. Lo anterior consta en el oficio SEFIN/UT/1181/2018 de la Secretaría de Finanzas, en poder de quien esto escribe.

Por otro lado, como particular, Villarreal Hernández, incrementó su patrimonio (estimado en 37 millones de dólares, entre propiedades y cuentas bancarias) en el mismo lapso que fluyeron los créditos irregulares, pese a percibir un salario de 92 mil pesos mensuales. No obstante su “error”, por llamarlo de alguna manera, fue mover esa fortuna al vecino país del Norte.

Al respecto, por decimoséptima vez (sí, leyó usted bien, ya van 17 veces) acaba de ser postergada la audiencia para sentencia por los delitos de conspiración para defraudar a Estados Unidos, transportar instrumentos monetarios robados, y lavado de dinero. Como se recordará, desde su entrega (que no captura) en El Paso, en febrero de 2014, Villarreal colabora en el programa de testigos protegidos.

Y una vez fue incautado por el Departamento del Tesoro no hubo mayor sanción en su contra (como “muestra de colaboración” entregó 12 inmuebles localizados en Texas y valuados en 21.8 millones de dólares). Incluso goza, desde septiembre 2015, libertad condicional (ha sido visto en centros comerciales y destinos turísticos dentro de EU, pese a que no puede trabajar como restricción judicial, y por tanto no tendría ingresos para solventar esos gastos).

Tampoco hubo castigo para los bancos, como documentó el reportero Jason Buch en una investigación para el Border Center for Journalists and Bloggers, publicada el 22 de noviembre.

Cito un párrafo esclarecedor del referido reportaje: “Villarreal Hernández dio explicaciones contradictorias y cambiantes sobre su riqueza personal e intentó ocultarle al Chase Bank (de San Antonio y Corpus Christi, Texas) que, en realidad, era uno de los funcionarios más poderosos de Coahuila”.

Sin embargo, “no hay indicios, en los registros de la corte federal o las instancias regulatorias, de que el Banco, o cualquier persona asociada con él, haya enfrentado alguna vez repercusiones por las decenas de millones de dólares que Villarreal Hernández y otros le robaron a los contribuyentes mexicanos y que pasaron por sus cuentas durante cuatro años”.

Cortita y al pie
Por lo que hace a Coahuila existía una orden de aprehensión en su contra, la cual data del 31 de octubre de 2011, por los delitos de fraude equiparado (simulación de actos jurídicos) y uso de documentos falsos, la cual integra la causa penal 76/2011. Luego el 24 de enero de 2017 la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia lo exoneró por el primero de los delitos debido a irregularidades en el proceso achacables al Ministerio Público, y le tengo noticias: es discutible la prescripción del segundo delito.

La última y nos vamos
Por lo demás, lo que probablemente representa el mayor latrocinio en la historia de Coahuila, a punto está de ser “superado”. El 29 de noviembre Villarreal cumplió los 10 años de inhabilitación para ejercer el servicio público, sanción que había sido impuesta por la entonces Contraloría del Estado a partir del 30 de noviembre de 2011.

Dicho de otra forma: salvo que diga lo contrario la Corte para el Distrito Oeste de Texas el próximo 2 de febrero, fecha programada para su audiencia final, Villarreal Hernández es libre para contratarse a partir del 3 de febrero, por ejemplo, con las administraciones municipales que tomarán protesta en la entidad el 1 de enero de 2022.

¿Alguien necesita un alquimista financiero?