“Muchos alabamos la honestidad, pero la dejamos morir de hambre”. Juvenal

José Antonio Meade ha sido nombrado miembro del consejo de administración de Chedraui. Es una buena decisión para los dos. Meade ha sido un funcionario capaz y honesto durante mucho tiempo y en gobiernos de distintos partidos. Chedraui participa con éxito en un mercado muy competido. Es un nombramiento sano en un país en que el servicio público y el sector privado deben convivir.

Infortunadamente, vivimos en un régimen de intolerancia en el que cada vez se erigen mayores barreras a esta sana convivencia. Una de las medidas más dañinas en el largo plazo ha sido establecer un muro muy alto para aquellos funcionarios que quieran trabajar posteriormente en el sector privado. Una mal llamada “Ley Federal de Austeridad Republicana”, que no tiene nada que ver con la austeridad, estableció una prohibición crucial el 19 de noviembre de 2019: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.

En México había un período de veda de dos años, similar o superior al de otros países del mundo. En Australia no hay periodo de espera para cambiar del sector público al privado. En los Países Bajos se exigen dos años, pero solo para funcionarios de alto nivel del Ministerio de Defensa. En Noruega la veda es de seis meses. En España son dos años, únicamente para puestos directamente relacionados con la posición previa en el gobierno, mientras que en el Reino Unido son también dos años, pero nada más para trabajos de cabildeo. En Estados Unidos hay un año de veda para hacer cabildeo para gobiernos, empresas o partidos extranjeros. En Francia son tres años, pero únicamente para posiciones en empresas directamente monitoreadas o controladas por el funcionario.

Los 10 años que impone la Ley de Austeridad Republicana no buscan prevenir un uso indebido de información obtenida en el gobierno, como en otros países. El objetivo es impedir el movimiento de funcionarios entre el sector público y el privado. La medida surge del prejuicio de que quien trabaja para una empresa es necesariamente corrupto. Representa también una manera de asegurar que quienes trabajan en el gobierno tengan una lealtad inquebrantable al Presidente, porque no tendrán oportunidades de trabajo en su especialidad en un tiempo tan largo que estarán fuera del mercado.

Este muro entre el sector público y el privado le hace un enorme daño al país. Los mexicanos no nos dividimos en dos clases o etnias distintas e irreconciliables: los políticos-burócratas y los privados. Un país se beneficia de tener funcionarios que hayan vivido experiencias en el sector privado, que hayan trabajado bajo competencia, que hayan tenido que ser productivos, que se hayan visto obligados a reunir dinero para una nómina o para pagar el Seguro Social. Dejar todas las decisiones del país a quienes solo han vivido de la ubre gubernamental es sumamente peligroso.

Hubo un tiempo en que quienes dejaban la política en nuestro país tenían tal riqueza acumulada que no necesitaban trabajar más. Hoy, afortunadamente, las cosas son distintas. Meade claramente tiene que trabajar para mantener a su familia. Es un hombre joven y brillante. Que pueda ofrecer servicios en una consultoría o en consejos de administración me parece una magnífica forma de aprovechar su experiencia y conocimientos.

El cambio

La píldora contra el Covid de Pfizer tiene una eficacia de 90% en la prevención de muertes y hospitalizaciones. Funciona también contra la variante Ómicron. Representa un cambio radical en las perspectivas de la pandemia.