Ciudad de México.- Una imputación de la Estafa Maestra relacionada con la Universidad de Colima (UC), por un presunto desvío de 17.8 millones de pesos, fue llevada por primera vez ante los tribunales por la FGR.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte citar a una audiencia inicial a ocho exfuncionarios de la extinta Sedesol y dos de la UC, para imputarlos por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Lo anterior mediante el convenio de coordinación suscrito el 31 de julio de 2015 por la Sedesol y la Universidad colimense, por un servicio de ajustes y actualización de la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La Secretaría pagó 17.8 millones por este convenio y, según la FECC, no hay evidencia de que se hayan prestado los servicios ni la forma en la cual se hubieran presentado, esto es, medios electrónicos, digitales o cualquier otro sistema.

Tampoco hubo ningún estudio de mercado que acredite que la UC era la mejor opción para contratar, o que contara con la suficiencia de condiciones de calidad y oportunidad para realizar el objeto del contrato.

La Fiscalía pidió citar a Elías Flores García, abogado general de la Universidad de Colima, y Lourdes Galeana de la O, Coordinadora General de Tecnologías de la Información en la misma casa de estudios.

Por la Sedesol, se pretende formular imputación contra Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien ya está procesada por otro asunto, y Francisco Javier Báez Álvarez, ex director general de Programación y Presupuesto.

Ambos eran cercanos a Emilio Zebadúa, el ex Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu.

También están citados como imputados José Antolino Orozco Martínez, ex director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, y María de la Luz Vargas Vargas, ex directora General Adjunta de Integración de Padrones, ambos presos por asuntos diversos.

Orozco Martínez y Vargas Vargas son imputados por un contrato de encuestas de evaluación a programas sociales de la Sedesol, que costaron 77.8 millones de pesos y sólo se entregaron el 15 por ciento.

Para la FECC este es el tercer caso que judicializa por la Estafa Maestra, pues el mes pasado solicitó audiencias de imputación en dos causas penales contra seis ex funcionarios, por sobreprecios de 130 y 26.7 millones de pesos en contratos para integrar padrones de beneficiarios de programas sociales.