Qué ironía: el 2 de febrero, Día de la Candelaria, el Centro Coahuila de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT) “tamaleó” 20 contratos de obra pública que serán ejecutados en 2022 con presupuesto del Gobierno de la República en la entidad.

Y por ‘tamalear’ me refiero a ese verbo tan distintivo de la política mexicana: arreglar un resultado, según los intereses y conveniencias de quien parte y reparte.

Se trata de la conservación rutinaria de carreteras que anualmente asigna la delegación federal entre los mismos proveedores de siempre, como se ha publicado en este espacio (Zócalo, 13/12/20). En el asunto que nos ocupa, un total de 97 millones 928 mil 501 pesos a repartir entre 15 personas morales y 5 personas físicas: Luensa Ingeniería, Constructora del Norte Torresa, Ovza Constructores, VMJ Construcciones en participación conjunta con Abser, Construcciones Civiles y Maquinaria de Tamaulipas, Constructora Mayran de San Pedro, Construcciones Diversificadas del Norte, Maquinaria y Construcciones Sacro, Construcciones Aros en participación conjunta con Noco Supervisión y Construcción, Constructora y Servicios Willarz, Verifica del Norte, Mantenimiento Vial e Industrial, Diseño y Construcción Victoria, GR Concretos y Pavimentos, y Grupo Constructor Geroca. Además de los habituales Sergio Sánchez Sepúlveda, Jesús Daniel García Luna, Hilda Peña Tijerina, Reyes Ruiz Silva y José Francisco Curiel Rojas.

Entre ellos y nadie más repartieron el pastel. Apuestan al continuismo, pues con el PRI (2012-2018) o Morena en el poder, las inercias mandan dentro del Centro SICT Coahuila que ahora encabeza Juan Pablo Martín del Campo Martínez.

Sin embargo en 2020, por idénticos trabajos referidos, la entonces SCT ejerció 72 millones 299 mil pesos. Hay entonces una ‘cuchareada’ de 25.7 millones extra en 2022 que no se justifica. ¿La inflación acaso? ¿El ‘diezmo’ con cargo al erario?

Por otro lado, entre el pasado 28 de enero y el 8 de febrero la Unidad Regional Saltillo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), cuyo titular es José Luis Olivares Loera, adjudicó también 10 contratos con presupuesto federal, de los cuales 5 favorecieron a empresas de La Laguna (Torreón y Gómez Palacio), 4 a sociedades mercantiles de Puebla y una de la Ciudad de México. Básicamente todos consisten en mantenimiento menor de autopistas.

El truco radica en las ofertas escandalosamente bajas que fueron presentadas en la licitación (y obviamente beneficiadas, ya que no podía ser de otra forma) a comparación del resto. Cito un par de ejemplos: el documento LO-009JOU006-E1-2022, en donde se adjudicó una propuesta de 20 millones de pesos cuando hubo otras hasta por 37 millones, y el expediente LO-009JOU006-E9-2022, en donde se contrató por 14 millones lo que otros participantes estimaban en 25.

Ahora bien, si de acuerdo con sus especificaciones técnicas el trabajo a realizar tiene un costo neto ineludible (57 kilómetros de “mantenimiento menor” entre ambos folios), ¿cómo se podría cumplir en idénticos términos y condiciones pero 75-85% más barato?

Una de dos: o se hace de menor calidad, o simplemente se simula.

Cortita y al pie

En el primer caso el favorecido fue Bitumen y Concreto, S.A. de C.V., en participación conjunta con Infraestructura Terrestre Salu, S.A. de C.V. Ambos contratistas ganaron también la convocatoria LO-009JOU006-E3-2022 por otros 20 millones 311 mil 650 pesos. Así, de los 93 millones 283 mil 879 pesos más IVA que repartió Capufe como bolsa para 2022, ellos se llevaron 40.3 millones, es decir el 43% de la suma.

Y aquí viene lo interesante: ambas razones sociales domiciliadas en Gómez Palacio, Durango, pertenecen al mismo dueño y socio, Karim Sánchez de Luna, de 33 años.

En el segundo, el ganador fue un viejo conocido de Torreón que año con año desde 2019 sigue facturando a la denominada cuarta transformación: Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., quien, como se ha mencionado aquí con anterioridad (“La recién alfabetizada que factura 60 millones anuales a la 4T”, Zócalo, 23/02/20), “pertenece” a una señora de 47 años que figura en el padrón de beneficiarios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en un programa de alfabetización.

Ahora se llevó 14 millones 760 mil 764 pesos por 21 kilómetros de “mantenimiento menor de la autopista federal de cuota La Carbonera-Ojo Caliente”.

Finalmente otro favorecido con 15 millones 117 mil 026 pesos, también de Torreón, es GR Concretos y Pavimentos, S.A. de C.V., de Luis Tomás Gámez Morales y Blanca Hilda Morales Hernández, sociedad mercantil recién constituida el 23 de mayo de 2019, pero puesta en operación hasta enero de 2021.

Gámez Morales, cabe señalar, está vinculado con Maquinaria y Construcciones Sacro vía una red de socios que conduce hacia la desaparecida empresa de su propiedad, Torga Construcciones, liquidada el 31 de diciembre de 2018.

Así todo queda en las mismas manos.

La última y nos vamos

¿De dónde es originario el delegado de la secretaría de Bienestar en Coahuila pero con amplitud de atribuciones, Reyes Flores Hurtado?

Exacto: de Torreón.