Una de las reglas no escritas de la «dictadura perfecta» estaba dedicada a los gobernadores: quienes no funcionaban —incluso si daban resultados, pero eran mal vistos por el jefe máximo o habían caído de su gracia— u oponían resistencia a las directrices de Los Pinos tenían de dos sopas: se ponían las pilas o hacían la maleta. En una gira del presidente José López Portillo por La Laguna pregunté a varios gobernadores sobre la posibilidad de que una mujer ocupara la silla del águila. Todos hicieron mutis. Hablar de la sucesión, y más en términos de género, iba contra las normas. Lo mismo pasaba en los estados. Gobernador que pretendiera nombrar sucesor y disputarle al presidente esa facultad, sabía a qué atenerse.

Gonzalo Martínez Corbalá, quien, como embajador de México en Chile, rescató a la familia de Salvador Allende luego del golpe de Estado de Pinochet y brindó auxilio al poeta Pablo Neruda, era un gobernador interino apreciado y bien visto por los potosinos, a diferencia de su predecesor defenestrado, Fausto Zapata. Aun así, Carlos Salinas de Gortari forzó su renuncia para imponer a Teófilo Torres. El Presidente despachó, con el mismo desparpajo, a otros 17 gobernadores. Suponer que un periódico es capaz de poner o quitar a un gobernador (como se dijo de Óscar Flores Tapia) es una falacia. A lo sumo puede colgarse de las circunstancias y pavonearse después, pero más no.

Bajo la presidencia imperial, los gobernadores eran responsables de la seguridad en sus estados y debían reprimir sus ansias nepotistas y sus prácticas venales. Negligencia, ratería ostensible o escándalo que repercutiera en el centro del país provocaba la intervención inmediata del secretario de Gobernación, forzaba cambios en los gabinetes y ponía en jaque al jefe político del estado respectivo. Si el problema persistía o empeoraba, llegaba el cese, la renuncia o la invitación a algún cargo federal de segundo o tercer nivel. Rubén Figueroa era compadre del presidente Ernesto Zedillo, lo cual no obstó para separarlo del cargo por la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos fueron emboscados y asesinados.

Con la alternancia PRI-PAN, en el año 2000, los gobernadores ganaron libertad y fuerza ilimitadas. Esto les permitió imponer condiciones a los presidentes, sobre todo a Peña Nieto, quien fue su rehén. Los mandatarios locales controlan Congresos, tribunales de justicia y a los demás factores de poder, sin que nadie los supervise a ellos. Por si no bastara, también nombran sucesor, pero esto ya empieza a cambiar, pues no todos los delfines ganan. El balance en general es negativo por la falta de contrapesos. Los presidentes también soltaron los amarres en el tema de la seguridad y la violencia se disparó (homicidios, masacres, desapariciones forzadas…), pero las autoridades locales se lavan las manos y culpan al Gobierno federal.

Por otra parte, censuran la «militarización» del país, pero sin el apoyo del Ejército los gobernadores no podrían presumir menores índices delictivos, donde los haya. En Saltillo y Torreón no se observan convoyes militares, pero sí «grupos de reacción» amenazantes que apuntan sus armas en zonas urbanas hacia blancos imaginarios. La delincuencia organizada actúa y se oculta en sectores donde la fuerza pública tiene poca o nula presencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha recortado recursos a los estados como una forma de atacar la corrupción, pero no ha hostilizado a los gobernadores como ocurría en los tiempos de la dictadura perfecta. Los trata con guante blanco y los premia con embajadas y consulados. ¿Será siempre así?