Para nadie es nuevo que el Presidente mexicano violenta, de manera sistémica, la Constitución y no pocas de las leyes que de ella emanan.

La misma Carta Magna, que al momento de su toma de posesión López Obrador juró respetar y hacer respetar, es violentada desde la máxima tribuna; esa suerte de cadalso en el que convirtió las llamadas mañaneras.

Sin embargo, nadie se atreve a exigirle al Presidente que cumpla la Constitución, a pesar de que en el juramento de toma de posesión, el texto constitucional advierte que es facultad ciudadana exigir al Mandatario que cumpla con el máximo ordenamiento del país.

Así dice la Constitución ante la eventualidad de que el Presidente no cumpla sus postulados: “… si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”.

La nación, como queda claro, somos todos los mexicanos. Más aún, según la propia Constitución, en México “el poder dimana del pueblo”.

Y aquí aparece la primera pregunta.

¿Por qué luego de 38 meses de violaciones constitucionales flagrantes, no hay un solo ciudadano, un partido, político opositor y/o periodistas capaces de presentar una demanda formal contra López por violentar la Carta Magna?

La respuesta parece obvia.

1.- Aquellos mexicanos que tienen capacidad política y económica para emprender un juicio contra el Presidente –como los partidos y los políticos–, no tienen las agallas para ello.

Basta ver el ridículo que hicieron senadores opositores del PRI, PAN y PRD frente a la demanda para investigar las raterías del primogénito de AMLO. En efecto, no pocos senadores opositores se abstuvieron para favorecer que nada fuera investigado.

Es decir, entre los senadores del PRI, PAN y PRD abundan la cobardía y la sumisión al servicio del dictador.

2.- Pero también los poderosos hombres de empresa pudieran presentar una demanda contra el presidente Obrador por violar la Constitución. Sin embargo, entre los hombres de empresa prevalece la cobardía y el miedo a las represalias del poder.

Y es que, en el fondo, las persecuciones ejemplares –como las emprendidas contra Rosario Robles y Alonso Ancira–, han dado los resultados esperados. La siembra de miedo, pavor y sumisión.

Pero si vamos más a fondo descubriremos que un grupo de abogados valientes ya estudian la posibilidad de formular una denuncia ante la Suprema Corte por las violaciones reiteradas al máximo ordenamiento el país.

¿Cuáles serían los cargos por lo que se podría denunciar al Presidente mexicano ante la Suprema Corte?

En México, como saben, el Presidente sólo puede ser acusado por “traición a la patria” y por “delitos graves” del orden común.

Sin embargo, según especialistas, es posible promover un amparo contra las violaciones constitucionales sistemáticas del Presidente, a partir del postulado constitucional en el que jura respetar y hacer respetar la Constitución?

Eso nunca ha ocurrido en la historia de México pero no son pocos los especialistas en derecho que aseguran que sería viable tal denuncia.

¿Y cuáles son las violaciones constitucionales más escandalosas en que ha incurrido el presidente Obrador?

La más notoria y más reciente es la exigencia a los periodistas críticos de su Gobierno para que revelen el monto de sus ingresos y el origen de sus propiedades.

Como queda claro, López Obrador está violando los derechos humanos de aquellos periodistas a los que les exige que den a conocer el monto de sus ingresos.

A su vez, el Artículo 16 Constitucional señala: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos”.

Aquí estamos ante un mandato constitucional que tutela un derecho humano sustantivo, uno de los derechos consagrados por la Constitución y que es violentado a diario por el Presidente mexicano.

Y el perfectamente viable una demanda ciudadana contra las violaciones constitucionales del Presidente ya que, como también saben, México es una democracia representativa.

Eso quiere decir que el mandato dimana del pueblo y que a través de las elecciones los mandantes, que somos todos los ciudadanos, en realidad mandatamos al Presidente, a gobernadores y legisladores.

Por esa razón, el Presidente y los gobernadores son los mandatarios, lo que significa que son aquellos ciudadanos en quienes depositamos el mandato.

Y el mandato fundamental que le entregan los ciudadanos al presidente Obrador, más allá de sus convicciones, ocurrencias e ideologías, es el respeto a la Constitución.

Sí, el respeto a la Constitución.

Por eso, en la ceremonia de toma de posesión de todo presidente mexicano, en el llamado juramento a la Constitución, el Mandatario en turno dice: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”.

¿Habrá un valiente que demande en tribunales al presidente Obrador por violentar de manera sistemática la Constitución?

Al tiempo.