Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño de al menos 3 mil 500 millones de pesos en los recursos correspondientes al manejo de la pandemia de Covid-19.

Según explica el órgano fiscalizador, se realizaron 12 auditorías de cumplimiento financiero para evaluar cómo las instituciones médicas emplearon los recursos obtenidos para la atención a la emergencia sanitaria.

Desde el 27 de febrero de 2020, fecha en la que dieron inicio las actividades para atender la pandemia de Covid-19 en México, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el manejo de recursos, que van desde:

-Compras a sobreprecio

-Pagos a personal que trabajaba en hospitales que no atendían a enfermos de Covid-19

-Adquisición de ventiladores así como de cubrebocas KN95 que nunca fueron entregados.

El Instituto de Salud para el Bienestar habría cometido el daño más grave a las arcas federales, determina Auditoría

De acuerdo con el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación sería el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien más daño habría cometido a las arcas federales.

La ASF detalló que se detectó un daño de 2 mil 561 millones de pesos, presuntamente en la compra de más de 650 ventiladores, utilizados para brindar apoyo respiratorio a pacientes con complicaciones de Covid-19.

Supuestamente el Insabi habría pagado 920.4 millones de pesos por la adquisición de ventiladores que debían entregarse antes del 30 de abril de 2020, en medio de la primera ola de la pandemia. Asimismo, el instituto:

-No acreditó la entrega de un millón 50 mil cubrebocas KN95con un costo de 40.5 millones de pesos

-No entregó documentación que comprobara la recepción y distribución de dos mil 250 ventiladores por los que pagó mil 600 millones de pesos

-No distribuyó a los Servicios de Salud más de ocho millones de insumos, entre los que se encuentran batas, mascarillas, guantes

-No se utilizaron para el manejo de la pandemia de Covid-19 los 100 millones de pesos que le donó la Cámara de Senadores

-Cerca de 18 millones de insumos médicos fueron entregados de manera tardía al Insabi, entre 11 y 526 días después del plazo establecido en el contrato, sin que el Insabi estableciera se establecieran sanciones a los proveedores por las demoras

-Pagó a 280 enfermeras y médicos voluntarios en hospitales no especializados en la atención Covid-19, sin contar con la autorización de dicho estímulo ni con la documentación que acredite cómo se les convocó.

-Todo lo anterior pese a que en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, trabajadores de la salud de diversos estados de la República se manifestaron debido a la falta de insumos y equipo de protección.

Auditoría revela cuáles son las instituciones con los mayores montos de un posible daño al erario

Seguido del Insabi, se encontraría Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como la institución medica con los mayores montos de un posible daño al erario.

Así lo develó el informe que señala al ISSSTE por cometer presuntas irregularidades que ascienden a más de 913 millones de pesos, entre las que se encuentran el pagó por ventiladores que ya habían sido pagados previamente.

En ese caso en especifico se cita al Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, que devolvió al almacén central 15 ventiladores que presentaron fallas sin que se hay solicitado al proveedor su sustitución. Entre otras fallas como:

-No se proporcionó evidencia documental para comprobar la aplicación de penalizaciones a proveedores que no brindaron mantenimiento a 194 equipos, entre ventiladores, monitores de signos vitales, carros rojos para reanimación y ultrasonidos digitales.

-Firma de contratos de mantenimiento de equipos que no contaban con cláusulas de aplicación de penas en caso de incumplimiento, lo que generó que los proveedores no tuvieran sanciones por el retraso en la prestación de sus servicios.

Posteriormente se encontraría la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución que habría autorizado ocho contratos para equipar un hospital sin considerar el tiempo que se emplearía para su remodelaciónl.

Lo anterior provocó que los bienes comprados por la Sedena permanecieran ociosos entre seis y 10 meses. La dependencia militar también compró equipo médico a sobreprecio.