Guerrero.- Tres tigres que el Ejército Mexicano y Guardia Nacional incautaron el 16 de febrero a un grupo delictivo en el municipio de Quechultenango, Guerrero, ahora están en calidad de desaparecidos, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La dependencia explicó que fue el pasado 26 de febrero, cuando sus elementos, junto con los de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de seguridad federal no encontraron a los felinos en el lugar donde los aseguraron.

La jaula estaba abierta, vacía, limpia, sin excremento, orina, alimentos o sangre, sin que hasta el momento se conozca su paradero, se añadió oficialmente.

“ Actualmente la Procuraduría está realizando una investigación, se hace una atenta invitación a evitar la difusión de información no confirmada, a fin de aumentar las probabilidades de encontrar a los ejemplares con vida”, expresó la dependencia.

Se preveía que autoridades trasladarían a los tigres a una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), ubicada en el Municipio de Tecpan de Galeana.

Sin embargo, el operativo de rescate se retrasó debido a que la delegación de la Profepa no contaba con jaulas y un zoológico que los aceptara a los ejemplares.

“ Lo que pudo haber pasado es de que los dueños de esos tigres regresaron y se los llevaron”, declaró una fuente del Gobierno estatal.

El pasado viernes, se alertó la presunta muerte de los tres tigres con una fotografía en la que aparecen tumbados, pero la Profepa no confirmó el hecho.

Los tres ejemplares se hallaron tras la detención de un individuo en la localidad de Tlanicuilulco, a quien se decomisaron 28 kilos de marihuana, once vehículos, autopartes, un arma de grueso calibre y cartuchos útiles.

Más tarde, 50 elementos del Ejército Mexicano y 20 agentes ministeriales estatales fueron retenidos por unos 500 pobladores de Quechultenango.

El comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Enrique Martínez López y el Secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez negociaron con los pobladores para que liberaran a los soldados y agentes ministeriales firmando una minuta de acuerdos.

Parte de los puntos acordados fue dejar en libertad a Jesús Flores, uno de los detenidos por el Ejército, además de que las autoridades federales y estatales deberán de informar al Ayuntamiento de Quechultenango de sus operativos en esta zona para que en estos participen la policía municipal y la llamada policía comunitaria.